Por Víctor Germán Zabala

Santo Domingo.- La abogada Laura Acosta Lora dijo hoy que el Ministerio Público tendrá dificultad en demostrar que existe peligro de fuga de los imputados en el caso Odebrecht debido a que hace meses se han mencionado nombres de imputados y estos no han salido del país.

«El asunto es que hace meses esas personas saben que los van a ir a buscar presos y no se han ido. Los nombres de muchos de ellos andaban circulando y se hablaba de ellos todos los días», expresó.

Luego que el juez de Instrucción Especial de la Suprema Corte de Justicia,  Francisco Ortega, aplazara para el próximo 6 de junio conocimiento de la medida de coerción contra los imputados debido a que la defensa alegó que no pudo retirar los documentos probatorios del Ministerio Público, Acosta Lora, dijo que por la magnitud de este caso es posible que el juez otorgue otra medida que no sea la prisión preventiva, recordando que existen medidas de coerción que son menos gravosas las cuales podrían ser tomadas.

Al ser entrevistada en el programa El Día, que se transmite por Telesistema, canal 11, la jurista puntualizó que si se otorgan las medidas de coerción de prisión preventiva, el Ministerio Público tendrá un plazo que no excederá de 8 meses, y en caso de otorgar otra medida que no sea prisión preventiva entonces será de 12 meses para culminar la investigación y poner a «todos los que estén y todos los que son dentro de la acusación».

Por otra parte agregó que el Ministerio Público ya cumplió con su rol con respecto al tema del caso Odebrecht previo a la audiencia con una especie de avance de las pruebas.

«El Ministerio Público debe depositar su solicitud de medida de coerción conjuntamente con una especie de avance de las pruebas, que es lo que se le llama la cintila probatoria, es decir que no tiene que tirar todos sus cartuchos en la solicitud de medida sino que deposita parte de esas pruebas para que el juez determine que hay probabilidad», manifestó.

«Lo que pasa es que a la defensa le conviene que esto se convierta en una audiencia preliminar, que no lo es, es decir, la defensa del imputado lo que hace es que se discutan aspectos de fondo a sabiendas de que las pruebas no son la totalidad, sino un avance probatorio para que el juez pueda ver la probabilidad de que esas personas han incurrido en actos delictivos que comprometen su responsabilidad penal», apuntó.

La abogada lamentó que las medidas de coerción normalmente no sean públicas ya que de ser así la población puede ver lo que está pasando ahí, y no solamente escuchar lo que se dice después que se sale de la puerta, que cualquiera podría manipular la información.

En otro orden, la abogada sugirió dejar de destruirle el trabajo a un Ministerio Público que está centrado en cosas que no son normales como los  apresamientos de Ministros y Directores Generales y dejar de preocuparse por que una traductora puso un 01 cuando ven que entre los imputados hay personas de fechas posteriores al 2004.