Santo Domingo, RD. -Las juezas del Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional fusionaron el expediente en el que figuran los imputados Rafael Calderón, Yahaira Brito Evangelista y Natividad Martínez con la acusación principal del caso Calamar, por integrar un presunto esquema de expropiaciones fraudulentas mediante el cual se habrían sustraído más de RD$19,000 millones del Estado dominicano.
El pedimento fue realizado por la defensa de algunos de los imputados, que también solicitó establecer los plazos del proceso. La petición fue rechazada por las juezas del tribunal, presidido por la magistrada Aylin Ventura e integrado por las juezas Leticia Martínez y Evelyn Rodríguez.
El tribunal aplazó para el 2 de septiembre el inicio del juicio seguido a los implicados en el caso Calamar, con el objetivo de que las partes puedan tomar conocimiento del expediente correspondiente a los imputados cuyos procesos fueron fusionados con el principal.
El expediente principal está encabezado por el exfuncionario Donald Guerrero y el abogado Ángel Lockward, junto con otros implicados en un presunto entramado de corrupción en perjuicio del Estado dominicano. También figuran Agustín Mejía Ávila, Princesa Alexandra García Medina, Juan Tomás Polanco Céspedes, Julián Omar Fernández Figueroa, Kimberly Salas Martínez, Natalie Hernández Guzmán, Luis Miguel Piccirillo McCabe, Manuel Milcíades Morilla Soto, César Miguel Santana Martínez, Mabel Sahina Mejía Cintrón y Marino Cabrera Ramón.
Asimismo, enfrentarán el proceso Daniel de Jesús Caamaño Santana, Ramón David Hernández, Yahaira Brito Evangelista, Claudio Silver Peña, Aldo Antonio Gerbasi Fernández, Alejandro Antonio Constanzo Sosa, Roberto Santiago Moquete, Omar Manuel Miqui Arias, Edwin Óscar Brito Martínez y Manuel Milcíades Morilla Gil, al considerar el tribunal que existen suficientes elementos de prueba que los vinculan con los hechos atribuidos por el Ministerio Público.
También fueron enviadas a juicio las empresas Miqui Trade, S.R.L.; Sociedad Inmobiliaria El Algodonal, S.R.L.; Britza Inversiones y Construcciones, S.R.L.; Brimart Comercial BM, S.R.L.; Bribae Dominicana, S.R.L.; Fincas de Recreo Villa Mella, S.R.L.; Inmobiliaria Santa Bárbara, S.R.L.; Desarrollos Rurales, S.R.L.; Ángel Lockward & Asociados, S.R.L.; Fundación de Estudios Económicos y Políticos, Inc.; Financiamiento de Papeles de Créditos, S.R.L.; e Intercaribe Mercantil, S.A.S., por existir evidencias de que habrían sido utilizadas para cometer las presuntas irregularidades investigadas.
De acuerdo con la acusación del Ministerio Público, los imputados integraban una red que habría desviado recursos millonarios mediante pagos irregulares por expropiaciones de terrenos declarados de utilidad pública. Además, el órgano acusador sostiene que parte de esos fondos habría sido utilizada para el pago de sobornos destinados presuntamente a financiar la campaña electoral de 2020.
Durante la audiencia preliminar, el Ministerio Público presentó 1,770 elementos de prueba para sustentar la acusación contra 43 imputados, entre ellos 34 personas físicas y varias empresas. Asimismo, el expediente sostiene que las acciones investigadas por este entramado habrían afectado a más de 500 víctimas.
Recurso ante la Corte de Apelación
Los jueces de la Primera Sala de la Corte de Apelación del Distrito Nacional conocerán el 8 de septiembre un recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Público, con el objetivo de revocar el auto de “no ha lugar” emitido por la jueza del Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, Altagracia Ramírez, a favor de los exministros Gonzalo Castillo, José Ramón Peralta y otros tres acusados en el caso Calamar.