SANTO DOMINGO.- Las juezas del Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional esperan que el Ministerio Público concluya este martes con la presentación de sus conclusiones y solicite la condena contra los imputados involucrados en el entramado de corrupción del caso Coral y Coral 5G, así como contra los querellantes del proceso.
Esto ocurre luego de que la jueza presidenta del tribunal otorgara un nuevo plazo al órgano acusador para finalizar su discurso final, incluyendo a los querellantes del proceso, entre ellos los abogados del Estado.
El tribunal está integrado además por las magistradas Tania Yunes y Jissel Naranjo, quienes continuarán escuchando las conclusiones del Ministerio Público este martes a las 9:00 de la mañana.
Posteriormente, el proceso continuará el 10 de febrero, fecha en la que los abogados de los imputados iniciarán la presentación de sus discursos finales de defensa, solicitando el rechazo de la solicitud del Ministerio Público y alegando la inocencia de sus representados.
Para ello, la magistrada notificó un calendario en el que se establecen los días y horarios correspondientes para que cada abogado presente sus conclusiones.
Una vez que las partes del proceso terminen de presentar sus conclusiones, las juezas del tribunal se reservarán el fallo para estudiar el expediente y las pruebas presentadas tanto por el Ministerio Público como por las defensas de los imputados en los casos Coral y Coral 5G.
Según el Ministerio Público, los cabecillas del entramado de corrupción del caso Coral y Coral 5G son los exjefes del Cuerpo de Seguridad Presidencial (CUSEP), Adán Cáceres Silvestre, y del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (CESTUR), Juan Carlos Torres Robiou, quienes habrían desviado fondos públicos entre 2012 y 2020 mediante compras irregulares de raciones alimenticias, combustibles y el nombramiento de policías y militares, a quienes se les pagaba menos del 30 % de su salario, apropiándose del resto.
También están implicados el coronel Rafael Núñez de Aza, el general de brigada Boanerges Reyes Batista, el cabo policial Tanner Flete Guzmán, hijo de la pastora Rossy Guzmán Sánchez, así como José Manuel Rosario Pirón, Epifanio Peña y Carlos Lantigua, entre otros, quienes habrían hecho uso de su defensa material.
Los imputados y sus abogados aseguraron ser inocentes de los cargos formulados por el Ministerio Público, afirmando que son personas trabajadoras y que su patrimonio es fruto de su labor.
De acuerdo con la acusación, los implicados, incluidos militares y policías de alto rango como el mayor general Adán Cáceres Silvestre, habrían defraudado al Estado dominicano por miles de millones de pesos, a través de una estructura de corrupción que operaba desde el CUSEP y el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (CONANI).
En la acusación el Ministerio Público también indica que uno de los imputados tenía registrados 23 inmuebles, mientras que otro cobraba salarios en ocho instituciones del Estado, entre otras irregularidades atribuidas a la estructura de corrupción del caso Coral y Coral 5G.
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