Jueza se reserva decisión del caso Calamar para este martes

Jueza se reserva decisión del caso Calamar para este martes a las 10 de la mañana

Jueza se reserva decisión del caso Calamar  para este martes a las 10 de la mañana

SANTO DOMINGO.-La jueza de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, Kenya Romero, recesó para este martes a las 10:00 de la mañana el conocimiento de medida de coerción contra los implicados en el caso Calamar.

La jueza de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, Kenya Romero, se reservó para mañana a las 10:00 de la mañana la decisión de imponer o no medida de coerción a 19 de 20 imputados en el entramado de corrupción del caso Calamar, creado para estafar al Estado con mas 19 mil millones de pesos.

En tanto, con relación a la imputada Ana Linda Fernández de Paula, la magistrada dará a las 3:00 de la tarde la decisión de imponer o no medida de coerción, ya que a las 10:00 de la mañana esa acusada estará recibiendo un proceso de diálisis por su condición de salud.

La magistrada adopto su decisión para tener tiempo para ponderar los argumentos presentados por Ministerio Público, los abogados del Estado y las defensas de los imputados.

Según el Ministerio Público el imputado Donald Guerrero ideó y creo la estructura de corrupción para sustraer más 19 mil millones del Estado para si beneficio.

El órgano acusador solicita prisión preventiva  para  los ex ministros Donald Guerrero, José Ramón Peralta, Gonzalo Castillo, así como a Daniel Omar Caamaño, Aldo Antonio Gerbasio, y a Luis Miguel Piccirilo.

Mientras que solicitaron arresto domiciliario, garantía económica a los imputados Angel Lockward, Alejandro Constanzo, Roberto Santiago Moquete, Marcial Reyes, Ana Linda Fernández, Emir Fernández, Oscar Chalas Guerrero, Rafael Parmenio Rodríguez, Agustín Mejía Ávila, Víctor Matías Encarnación, Julián Omar Fernández, Yajaira Brito y Ramón David Hernández.

El Ministerio Público acusa a los imputados de haber incurrido en asociación de malhechores, desfalco, coalición de funcionarios, falsificación de documentos públicos y privados, soborno, financiamiento ilícito de campaña y lavado de activos vinculado presuntamente al pago irregular de expropiaciones de inmuebles.



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