SANTO DOMINGO. La jueza interina del Segundo Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional, Ana Lee Florimón denunció que está siendo sometida a una persecución y que es vigilada por un automóvil de color blanco desde que fuera apoderada del caso Calamar.
La magistrada indicó que todo inició luego de que la Corte de Apelación acogiera la recusación que le hizo el Ministerio Público a través del titular de la Procuraduría Anticorrupción Wilson Camacho, por supuesta “parcialidad”.
De acuerdo a la jueza, la persecución se ha extendido a un hijo suyo. Lamentó que los jueces, más cuando son mujeres, usualmente son víctimas de aseveraciones tanto por parte del Ministerio Público como el Poder Judicial.
Expresó que como no pueden atacarla por la parte profesional, se van a la parte personal, “se inventan cosas. “Siempre es bueno callar, callar, hacer silencio, y demostrarlo siempre, de que el proceso va a ser un poco sensible”.
Lee Florimón fue retirada del proceso Calamar justo el día en el que debía dar a conocer el fallo sobre una prórroga solicitada por el MP para someter formalmente los imputados en el caso, encabezados por el exministro administrativo de la Presidencia José Ramón Peralta y el exministro de Hacienda Donald Guerrero.
Este viernes estaba fijada la audiencia para la lectura de la sentencia relativa a una solicitud de prórroga de cuatro meses formulada por el Ministerio Público en diciembre pasado.
Verificada la presencia de las partes en el proceso, los representantes del Ministerio Público, encabezados por el titular de la Procuraduría Especializada contra la Corrupción Administrativa (Pepca), Wilson Manuel Camacho Peralta, advirtió a la jueza que no procedía la audiencia en virtud de que la Segunda Sala de la Corte de Apelación del Distrito Nacional había acogido la recusación en su contra y que, por consiguiente, quedaba apartada de seguir con el caso.
Dijo que la corte le había notificado a la Pepca que acogió los argumentos planteados por el Ministerio Público al recusar a la jueza Ana Lee Florimón en el proceso de instrucción en la Operación Calamar.
Precisó que el Ministerio Público argumentó en su recusación que la jueza titular de la Segunda Sala del Juzgado de Paz para Asuntos Municipales del Distrito Nacional, en funciones de juez suplente del Segundo Juzgado de la Instrucción actuó con discrecionalidad excesiva, contrario al debido proceso y de forma reprochable y censurable.
A esa posición se sumaron abogados de partes querellantes y los representantes del Estado.
Mientras que la defensa de Gonzalo Castillo, integrada por Laura Acosta, Luis Rivas y Nassef Perdomo, planteó que no existía impedimento para la lectura de la sentencia, en virtud de que esa decisión había sido tomada antes de la recusación.
En tanto que el jurista Manuel Rodríguez, representante de Donald Guerrero, fue más lejos al señalar que se trataba de una acción temeraria del Ministerio Público.
