¿Qué significa recusación? Jueza del caso Intrant (semáforos) podría ser apartada del proceso por supuesta parcialidad

Santo Domingo.- La jueza Patricia Padilla, del Segundo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, enfrenta una recusación por presunta parcialidad manifiesta durante la audiencia preliminar contra Hugo Beras, José Gómez y otros acusados en el caso de la red de corrupción vinculada al contrato de modernización de semáforos del Gran Santo Domingo.

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Según el Ministerio Público, la magistrada Patricia Padilla mostró su  inclinación en beneficio de los imputados, al otorgarles permisos «injustificados», a pesar de las medidas de coerción que les impedían salir del país, para viajar a Disney World, a Panamá y otros destinos, tal como ocurrió con el imputado José Gómez. Además, la jueza ordenó la devolución de armas de fuego que estaban en posesión de Gómez, aunque registradas a nombre de otras personas.

Ahora bien, qué significa recusación?

Según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, la recusación es un acto tendente a apartar de la intervención en un procedimiento administrativo o judicial a un juez, un testigo o un perito, por su relación con los hechos o con las demás partes.

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Por su parte, el Código Procesal Penal Dominicana estable que un juez pueden inhibirse o ser recusados
por las partes, entre otras razones, por ser cónyuge, conviviente o pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad o por adopción, o segundo de afinidad, de alguna de las partes o de su representante legal o convencional.

Asimismo, el artículo 78, ordinal 6 del citado Código indica como causa de recusación:

En ese sentido, el fiscal litigante Jonathan Pérez Fulcar, de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), expresó su confianza en que la Corte de Apelación del Distrito Nacional ponderará los argumentos presentados por el Ministerio Público.

Sobre el caso

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Hugo Beras, exdirector del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), José Gómez y otros coimputados son señalados como integrantes de una red de corrupción y crimen organizado dedicada al desfalco, estafa contra el Estado, falsificación, coalición de funcionarios, contrabando, comercio ilícito, sabotaje, terrorismo contra infraestructuras críticas y robo de identidad.

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Por el caso también son imputados Frank Díaz Warden, coordinador de Despacho y representante de Beras ante el Comité de Compras del Intrant; Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda, exdirector de tecnología del Intrant; José Ángel Gómez Canaán (Jochi), propietario de la empresa Aurix S.A.S.; Pedro Vinicio Padovani Báez, exencargado del Centro de Control de Tráfico del Intrant; Juan Francisco Álvarez Carbuccia, director administrativo y financiero del Intran y Carlos José Peguero Vargas..