Jueza envía a juicio de fondo a Donald Guerrero y Ángel Lockward por el caso Calamar

Santo Domingo.- La jueza del Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, Altagracia Ramírez, envió a juicio al exministro Donald Guerrero y al abogado Ángel Lockward, implicados en el caso Calamar, acusados de participar en un esquema de expropiaciones fraudulentas para sustraer más de RD$19 mil millones del Estado.

También fueron enviados a juicio los imputados Agustín Mejía Ávila, Princesa Alexandra García Medina, Juan Tomás Polanco Céspedes, Julián Omar Fernández Figueroa, Kimberly Salas Martínez, Natalie Hernández Guzmán, Luis Miguel Piccirillo Mcabe, Manuel Milcíades Morilla Soto, César Miguel Santana Martínez, Mabel Sahina Mejía Cintrón, Marino Cabrera Ramón

Además, fueron enviados a juicio de fondo a los implicados en el caso Calamar los imputados, Daniel De Jesús Caamaño Santana, Ramon David Hernández, Yahaira Brito Evangelista, Claudio Silver Peña, Aldo Antonio Gerbasi Fernández, Alejandro Antonio Constanzo Sosa, Roberto Santiago Moquete, Omar Manuel Miqui Arias, Edwin Oscar Brito Martínez y Manuel Milcíades Morilla Gil, al considerar que existen elementos de prueba que los vinculan con los hechos atribuidos por el Ministerio Público por su implicado en caso Calamar.

Asimismo, fueron enviada a juicio las empresas Miqui Trade, S.R.L.,Sociedad Inmobiliaria El Algodonal, S.R.L., Britza Inversiones y Construcciones, S.R.L., Brimart Comercial, BM, S.R.L., Bribae Dominicana, S.R.L., Fincas de Recreo Villa Mella, S.R.L., Inmobiliaria Santa Bárbara,S.R.L., Desarrollos Rurales, S.R.L., Ángel Lockward & Asociados, S.R.L., Fundación de Estudios Económicos y Políticos, Inc., y Financiamiento de Papeles de Créditos, S.R.L., E Intercaribe Mercantil, S.A.S., por existir evidencias que fueron utilizadas para los implicados para cometer las irregularidades.

Los favorecidos con un “No ha lugar” del caso Calamar

En tanto, fueron favorecidos con un auto de “No ha lugar” Daniel Guerrero, hijo de Donald Guerrero; los exministros Gonzalo Castillo y José Ramón Peralta; así como Marcial Reyes, Rosa Arias Luis y William Humberto Mota, al no encontrarse evidencias suficientes que los relacionen con los hechos presentados por el Ministerio Público.
Asimismo, la magistrada rechazó la querella en constitución en acto civil presentada por el Estado dominicano.

Durante el proceso, el Ministerio Público presentó 1,770 pruebas para sustentar la acusación contra 46 imputados, entre ellos 34 personas físicas y varias empresas presuntamente utilizadas en la estructura de corrupción que habría afectado a más de 500 víctimas.

La primera audiencia preliminar se celebró en julio de 2024 y, durante el desarrollo del proceso, fueron depositados más de 50 certificados médicos.

Durante esta etapa, el Ministerio Público presentó de manera íntegra la acusación contra los imputados y presentó los elementos de prueba y los abogados presentaron sus incidentes y sus escritos de defensa de los imputados, que fueron ponderados por la magistrada, con que determinó su decisión tomada en el proceso, que algunos fueron enviados a juicio de fondo y otros fueron favorecidos con un “No ha lugar”.

El juicio de fondo es la fase en la que se decidirá la sentencia para los implicados de acuerdo a las pruebas acogidas en la fase preliminar, y determinará su culpabilidad o no de la acusación en su contra.

Según la acusación, los imputados integraban una red que desvió más de RD$19,000 millones mediante pagos irregulares por expropiaciones de terrenos declarados de utilidad pública, además de la entrega de sobornos destinados presuntamente a financiar la campaña electoral de 2020.