Santo Domingo, RD.- La jueza del Segundo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, Patricia Padilla, conocerá este martes la audiencia preliminar contra oficiales de la Policía Nacional y varios civiles implicados en el denominado caso Pandora, acusados de sustraer municiones, armas y pertrechos de la institución para comercializarlos, presuntamente, con pandillas en Haití.
Según el expediente instrumentado por el Ministerio Público, la estructura criminal desmantelada en el caso Pandora habría sustraído más de 900,000 proyectiles pertenecientes a la Policía Nacional.
La audiencia está fijada para las 9:00 de la mañana, ocasión en la que el Ministerio Público solicitará la apertura de juicio contra los imputados del caso Pandora, al considerar que existen suficientes elementos de prueba que deben ser discutidas en un juicio de fondo.
¿De qué se acusa exactamente a los implicados en el caso Pandora?
De acuerdo con la acusación, el grupo criminal integraba un entramado de corrupción que habría provocado un perjuicio al Estado de 92 millones 191 mil 732 pesos con 92 centavos, mediante la sustracción de 836,970 municiones y 645 pertrechos que se encontraban bajo custodia de la Intendencia de Armas y Municiones de la Policía Nacional durante la gestión del coronel Narciso Antonio Féliz Romero y del subintendente Juan Miguel Pérez Soler.
En el expediente también figuran como imputados el segundo teniente Marino Antonio Rodríguez Toribio, el cabo Juan Luis Díaz Medina y los rasos Rubier Martínez y Moreibín Medina.
Asimismo, están acusados el auditor Víctor Manuel Santos y el sargento mayor Miguel Ángel Gómez Espaillat, quienes permanecen en libertad bajo una garantía económica, presentación periódica e impedimento de salida del país. También figura como imputada Miguelina Bello Segura, quien cumple arresto domiciliario.
Los imputados del caso Pandora cumplen distintas medidas de coerción desde su arresto, ocurrido en noviembre de 2024.
¿Cómo operaba la red desde la Intendencia de Armas de la Policía Nacional?
El Ministerio Público sostiene que la presunta red operaba desde la Intendencia de Armas y Municiones de la Policía Nacional, donde se sustraían armas, municiones y otros pertrechos para su comercialización ilegal, incluyendo su presunta venta a pandillas que operan en Haití.
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