SANTO DOMINGO.- La jueza de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, Kenya Romero, aplazó para el domingo a as 9:00 de la mañana el conocimiento de la solicitud de medida de coerción contra los exministros de Obras Públicas, Hacienda y administrativo de la Presidencia, Gonzalo Castillo, Donald Guerrero y José Ramón Peralta  y demás implicados en el expediente del caso Operación Calamar.

En el caso también está implicado el abogado Ángel Lockward y otras 16 personas.

La magistrada adoptó la medida a petición de la defensa de los imputados, quienes alegaron no haber estudiado la solicitud de coerción debido a que la recibieron en horas de la mañana y esta consta de más de 300 mil páginas.

Los abogados de los implicados realizaron el pedimento además, para que otros imputados reciban la notificación del caso.

Asimismo, ordenó a la Dirección Nacional de Servicios Penitenciarios habilitar espacios idóneos que permitan a la defensa técnica hacer de conocimiento de las personas imputadas la solicitud conforme el derecho de defensa.

Igualmente ordenó que dada la entrega en forma digital de los elementos de prueba que sostienen la solicitud le sean permitidas a las defensas acceder con dispositivo electrónico que permita revisar dichos elementos con las personas imputadas.

La directora de Persecución Yeni Berenice Reynoso, dijo que este es uno de los mayores caso de corrupción, que involucran a funcionarios para beneficiarse del patrimonio del Estado.

«Es una investigación que es compleja, que es importante que las personas antes de evaluarlas se tomen por lo menos la responsabilidad de leerla, de ver los cargos que están en el proceso imputadas en este caso», sostuvo Reynoso.

Para Yeni Berenice Reynoso, no hay forma de que el caso no sea declarado complejo, tras precisar que dicha red tocó el patrimonio público de una forma sin precedentes en la historia del país.

«Hasta el momento es el  caso de más complejidad, de como funcionaba, de como desde el Estado se coalicionaron distintos funcionarios para distraer  fondos millonarios del patrimonio público», enfatizó.