Santo Domingo.–Todos los certificados de títulos de propiedad de los terrenos de Bahía de las Águilas adquiridos por personas de manera fraudulenta fueron anulados por la jueza de la Octava Sala del Tribunal de Tierras de la Jurisdicción Original del Distrito Nacional.
Igualmente, la magistrada Alba Beard dejó los derechos al Estado.
Los 1,200 títulos fueron emitidos a favor de 600 presuntos campesinos en terrenos ubicados en Bahía de las Águilas, durante la gestión de Jaime Rodríguez Guzmán al frente del Instituto Agrario Dominicano (IAD), hace 17 años.
La magistrada alegó en su dictamen que los certificados de títulos carecen de valor jurídico, debido a que un funcionario no puede disponer de manera administrativa de los bienes propiedad del Estado sin una orden del Poder Ejecutivo.
Por tal razón, los títulos de la parcela 215A del Distrito Catastral número tres del municipio de Enriquillo, provincia Barahona, fueron adquiridos de manera fraudulenta.
Señala en la sentencia que esos certificados de títulos permanecían bajo litigio mediante el fraude detectado y que compromete a personas que intentaron apoderarse de los mismos haciendo pasar el caso como un “asentamiento agrario”, cuando son predios de vocación turística.
También que la creación de la Ley 5879 sobre la reforma agraria tiene como finalidad primordial por medio de sus programas y proyectos mejorar las condiciones de vida y de trabajo del sector campesino en un merecido servicio de justicia social.
Sin embargo, quedó evidenciado que los funcionarios, con la creación de la pretendida reforma agraria, lo que buscaban era una ventaja para vender los terrenos con fines turísticos.
No obstante, dice que la apropiación de los terrenos por parte del Instituto Agrario Dominicano debe estar sujeta al Poder Ejecutivo de conformidad con lo que establece la ley.
Además, señala en la sentencia que en un Estado de derecho los directores del Instituto Agrario y de Bienes Nacionales no pueden disponer de los terrenos del país sin cumplir las condiciones previstas por el legislador, como rigen las leyes avaladas en la Constitución de la República.
Este caso se conocía en los tribunales dominicanos desde el año 1997, cuando se presentó la denuncia contra el exdirector del Instituto Agrario Dominicano.
A su salida del tribunal, el procurador general Francisco Domingo Brito dijo que celebra el fallo, tras afirmar que “es un soberano acto de justicia” que finalmente restituye el derecho de propiedad de Bahía de las Águilas, que le había sido distraído al Estado de manera fraudulenta hace 17 años.
“Con este fallo, justo, correcto y apegado a la ley, que el Ministerio Público defenderá en cualquier instancia, se permitirá al Estado desarrollar todo el potencial turístico que representa ese litoral en beneficio de la población de Pedernales y toda la región, pero siempre respetando las áreas protegidas”, planteó el funcionario.
En tanto, los abogados de los demandados reaccionaron de manera airada y dijeron que recurrirán la sentencia ante la Suprema Corte de Justicia, tras afirmar que la misma es inconsistente y que no se sostiene jurídicamente, porque pretende anular un decreto, resultando por ende inconstitucional.
Proceso lo inició madre abogada del Estado
El proceso inició en el año 1997, la abogada de Estado en ese entonces era Piki Lora, continuado por su hija Laura Acosta, quien ocupa esa misma posición en la actualidad.
Acosta, que estuvo en el proceso por una satisfacción personal, dijo que por fin se cumplió el sueño de su madre, Piky Lora, que descubrió y enfrentó el fraude en su primera fase.
“Estamos contentos de estar hoy aquí, en este momento histórico, muy conforme, porque se ha hecho justicia contra los perpetradores del fraude inmobiliario más grande que se ha registrado en la historia del país. Y por eso quiero dar gracias a Dios y a mi madre”, dijo.
