En un “realismo mágico” propio del Macondo de Gabriel García Márquez, resulta inverosímil que la justicia haya rehusado, durante un largo período de 229 días, de escuchar a un privado de libertad de la República Dominicana, que teóricamente representa un Estado social y democrático de derecho, fundamentado en la dignidad de las personas.

Este es el caso de José Ramón Peralta Fernández, cuyo caso cada vez da más connotaciones de político que de derecho. Y de terminar imponiéndose esa percepción, entonces corresponde al Poder Judicial a revisarse en términos éticos e institucionales.

El Ministerio Público podrá recurrir a las estrategias que entienda adecuadas en el marco de una acusación, incluyendo la obstaculización para mantener a un ciudadano en la cárcel.

El cuestionamiento a ese comportamiento se quería en la ética. Pero el proceder de los jueces tiene que ser distinto. Estos están moralmente obligados a actuar en justicia; sin aceptar presiones políticas ni de ningún otro orden. La búsqueda de la verdad, a través de lo que mandan la Constitución de la República y las leyes, es su camino.

Todo acusado está revestido del principio de presunción de inocencia. La ley le confiere el derecho de ser escuchado sin dilaciones y trabas, por lo que José Ramón Peralta Fernández tiene derecho a ser escuchado en procura de que se varié la medida de coerción de prisión preventiva.

En casi ocho meses de reclusión, ningún juez le ha revisado la medida de coerción, a pesar de que el Código Procesal Penal establece que hay que hacer de manera obligatoria cada tres meses o a solicitud del afectado en un caso.
El filósofo inglés Thomas Hobbes, considerado el ideólogo de la filosofía política, escribió: “Pues todos los jueces, soberanos y subordinados, si rehúsan a escuchar pruebas, están rehusando hacer justicia”.

Hay señales que conducen a que se trata de una acusación política. Una primera señal se observa en que el Ministerio Público habría ocultado, deliberadamente, información vital para la transparencia del proceso judicial.

Esto se sugiere en que fue utilizado un interrogatorio con la sola finalidad de involucrarlo en un expediente con el que no guarda relación alguna. Las declaraciones dadas por el delator Bolívar Ventura en diciembre de 2022, en base a las cuales está preso José Ramón Peralta Fernández, son contradictorias con las ofrecidas en otro interrogatorio, ante los mismos fiscales.

El 27 de noviembre de 2021 el delator afirmó haber entregado los mismos 527 millones, 634 mil, 838 pesos a los señores Fernando Crisóstomo, Mimilo Jiménez y José Arturo Ureña, en un apartamento en Piantini, sin que en ninguna parte de ese interrogatorio menciona a su defendido.

Mientras que trece meses después, cuando estaba a punto de ser acusado por el Ministerio Público, Bolívar Ventura cambia su versión, y afirma haber entregado la misma cantidad de dinero, con soporte en los mismos cheques, por los mismos montos, pero esta vez sus destinatarios y el lugar de entrega es distinto.

Mimilo Jiménez, Fernando Crisóstomo y José Arturo Ureña, son cambiados por otros actores, donde incluyen a José Ramón Peralta Fernández; y el apartamento de Piantini donde dijo haber entregado el dinero 13 meses antes, es cambiado por una oficina política en Bella Vista.

No se requiere ser maestro del derecho para comprender que esa contradicción deja preguntas imposibles de responder, y actuaciones imposibles de justificar.
Al Poder Judicial hay que recordarle que el juez debe tener en la mano el libro de la ley y el entendimiento en el corazón.