Madrid (EFE).— El juez Juan Carlos Peinado ha decidido continuar la causa por cinco presuntos delitos contra Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, y contra las otras tres personas investigadas, y ha imputado a la actual secretaria general de Presidencia del Gobierno, Judit González Pedraz.
En un auto fechado el pasado 4 de noviembre, al que ha tenido acceso EFE, el magistrado rechaza el sobreseimiento que solicitaron las defensas y la Fiscalía y continúa la causa contra Gómez, su asesora Cristina Álvarez, el actual delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín Aguirre, y el empresario Juan Carlos Barrabés.
Imputada la secretaria general de Presidencia
E imputa a la actual secretaria general de Presidencia del Gobierno, Judit González Pedraz, por un posible delito de malversación de caudales públicos en relación con el desempeño del puesto de Cristina Álvarez, citándola para el próximo 12 de noviembre.
El juez se apoya en la sentencia del procés, dictada por el juez del Tribunal Supremo Manuel Marchena, para apuntalar la investigación por el delito de malversación de caudales públicos. «Lo que viene a enseñarnos el Tribunal Supremo, es que, la deslealtad en la administración de fondos públicos, constituye el eje sobre el que pivota el delito de malversación de fondos públicos, con independencia de que, se cause detrimento o perjuicio económico definido, en destinar fondos públicos para el pago de una persona a la que se le asignan funciones públicas, pero que, además de realizar esas funciones públicas, realiza en su jornada laboral, otras de carácter claramente privado», afirma el magistrado.
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Peinado decide seguir adelante con el procedimiento de jurado y vuelve a sostener que los delitos que investiga son conexos, arrastrando el de tráfico de influencias al resto, y para defender la acumulación cita un auto de la fase de instrucción del caso contra la familia del expresidente de la Generalitat de Catalunya, Jordi Pujol.
Por su “relación de parentesco”
Insiste Peinado en que «el origen de los hechos delictivos» son las acciones de Begoña Gómez derivadas «de su relación de parentesco con el actual presidente del Gobierno», que considera la «causa» fundamental «para poder apreciar la posible concurrencia del delito de tráfico de influencias, y como consecuencia de ellos, los posibles restantes delitos».
«Sin ese vínculo, con el actual presidente del Gobierno, difícilmente podría ella, y los otros dos investigados, poner en práctica las conductas que, posteriormente, han sido ya consideradas, indiciariamente» como delitos, añade. Así acuerda continuar el procedimiento del tribunal de jurado contra Begoña Gómez por los presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios en el sector privado, apropiación indebida, intrusismo y malversación de caudales públicos.

Y sigue la causa contra Cristina Álvarez por los delitos de tráfico de influencias, apropiación indebida y malversación de caudales públicos; contra Francisco Martín por el delito de malversación de caudales públicos y contra Juan Carlos Barrabés Cónsul por los delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios en el sector privado y apropiación indebida. En su resolución el juez ordena numerosas diligencias, entre ellas varias testificales, pero rechaza que declare como testigo el presidente del Gobierno, como solicitaban las acusaciones, argumentando que es «inútil», ya que Pedro Sánchez ya se acogió a su derecho a no declarar.
Agrega no obstante que «no es descartable que, como él mismo ha manifestado públicamente, pueda cambiar de opinión en cualquier momento, al igual que cualquier otro ciudadano».
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EFE
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