La Policía Nacional no podrá impedir las protestas montadas por las organizaciones que exigen al Gobierno destinar el 4% del Producto Bruto Interno (PIB), decisión tomada por el Tribunal Superior Administrativo al determinar que se trata de un derecho constitucional que no puede ser violentado.
Esa instancia judicial, en un hecho sin precedentes, acogió un recurso de Amparo interpuesto por la denominada Coalición por la Educación, cuyos miembros fueron apaleados el 4 de noviembre frente al Palacio Nacional, donde se presentaron portando paraguas amarillos.
El fallo en favor de las organizaciones fue dictado por la magistrada Frinette Padilla, quien junto a los jueces Yadira de Moya y Julián Henríquez integran el tribunal colegiado.
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