El Día 
El galardonado periodista Miguel Ángel Ordóñez, premio Ortega y Gasset de Periodismo en España, y quien laboró hace años en la República Dominicana, ha presentado una queja ante el país y ha alertado a las autoridades europeas y españolas por lo que considera una decisión judicial “absolutamente arbitraria y abusiva” que dispone una orden de arresto en su contra por ejercer la libertad de expresión.
Pese a que una querella en su contra era llevada por la magistrada Milagros Mercedes Ramírez Cabrera, presidenta de la Novena Sala de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, una audiencia a la que no fue citado para el 20 de febrero pasado fue presidida por el juez interino Julián Antonio Vargas Luna, quien inmediatamente dispuso perseguir con arresto y rebeldía al periodista.
En la Novena Sala de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional se conoce una querella interpuesta en su contra por los empresarios hispano-dominicanos Jesús Barderas y Abraham Hazoury, tras la publicación en España del libro de su autoría Negocios de bajos vuelos.
En la obra se explican los intríngulis de la controversial concesión de los aeropuertos estatales a ambos empresarios, los orígenes de la privatización, los antecedentes de algunos involucrados, las claves de su intento de reeditar el lucrativo negocio de AERODOM con el polémico Aeropuerto Internacional de Bávaro.
Aunque el libro fue publicado en 2021, en España, los empresarios esperaron un año y medio para presentar una querella en tribunales dominicanos contra Ordóñez, por presuntos delitos sobre expresión y difusión del pensamiento.
Pese a que Barderas y Hazoury conocían perfectamente su lugar de residencia en España, esperaron a que Ordóñez pasase unos días en Santo Domingo con motivo de impartir una conferencia sobre periodismo, en agosto de 2023, para notificarle dicha querella. De inmediato, antes de retornar a su lugar de residencia, designó representante legal en el país.
La jueza Milagros Mercedes Ramírez Cabrera, presidenta de la Novena Sala de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, ordenó que Miguel Ángel Ordóñez fuera «regularmente convocado» en su domicilio en España, «que sea tramitada la convocatoria vía consulado» de cualquier audiencia.
Sin esperar a que el Ministerio de Relaciones Exteriores llegase a entregar a Ordóñez su citación a una audiencia, el pasado 20 de febrero se celebró una vista, aunque con otro juez presidiendo, el interino Julián Antonio Vargas Luna. “Contraviniendo las instrucciones de la jueza, la acusación privada se había encargado de fabricar otra notificación en domicilio desconocido, sin esperar a agotar la vía de la citación consular, mostrando de nuevo sus aviesas intenciones.
“El juez interino aprovechó esta maniobra de mala fe para declararme en estado de rebeldía, ordenar mi arresto e impedir mi salida de la República Dominicana en cuanto me persone en su territorio”, dijo Ordóñez.
Ordóñez advirtió que “pese a que el Consulado dominicano en Sevilla ha certificado al tribunal que a Miguel Ángel Ordóñez nunca le llegó ninguna citación, como contestación al recurso de oposición entablado por la defensa de Ordóñez, el juez «miente descaradamente» al afirmar que «funcionarios consulares competentes […] manifestaron haber localizado al imputado y haberle hecho llegar la convocatoria a la audiencia, sin que al día de la audiencia se presentara excusa alguna que justificara la incomparecencia».
Dijo que en materia de acción privada como una querella por difamación e injuria la rebeldía es improcedente, más aún si no ha sido citado, al tiempo que recordó que la Ley 6132, de Expresión y Difusión del Pensamiento, prohíbe la prisión preventiva en materia de prensa.
El periodista explica que esta decisión le provoca «una gran desconfianza en la imparcialidad que debe caracterizar a cualquier tribunal de justicia». Señala que creía ya superada «la época de manipulación grosera de la justicia a manos de poderosos empresarios acostumbrados a la impunidad». Añade que «diversos ciudadanos dominicanos quisieron alertarme del riesgo que corría su integridad por facilitarme información y la mía por el atrevimiento de informar a la ciudadanía de las andanzas de mis hoy acusadores».
En la querella dominicana se pide una condena de cárcel y RD$800 millones. Un año después de presentada, en una estrategia continuada de maledicencia y amedrentamiento, ambos individuos interpusieron ante la jurisdicción de España sendas demandas, absolutamente idénticas, en las que solicitan que Ordóñez sea condenado a pagarles un millón de euros a cada uno. Añaden a los argumentos calcados de la querella dominicana la publicación de un segundo libro, Cap Cana. Los osados aprendices de Donald Trump (Ediciones Plan B, 2022), donde Ordóñez explica «el milagro de sobrevivir a una quiebra de setecientos cincuenta millones de dólares, haciendo que otros se hicieran cargo de esa descomunal deuda que había generado su gestión».
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