Caso Lobo: Juez inicia este lunes audiencia preliminar seguida a imputados por sobornos de RD$108 millones
Santo Domingo.- El juez del Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, Deiby Peguero, iniciará este lunes la audiencia preliminar seguida a los implicados en la red criminal del caso Lobo, acusados de distribuir sobornos por más de RD$108 millones para obtener contratos de servicios de seguridad privada en distintas instituciones del Estado.
El magistrado tendrá que decidir si envía o no a juicio a los integrantes de la presunta estructura criminal de corrupción del caso Lobo, integrada por militares y civiles. Entre los imputados se encuentra Bolívar Nicolás Fernández Espinal, ex encargado de Seguridad de Edenorte Dominicana.
La audiencia preliminar iniciará este lunes, luego de que el Ministerio Público depositara la acusación en la que solicita enviar a juicio a los implicados en el caso Lobo. El expediente está sustentado en decenas de elementos de prueba contra la organización de corrupción, en la que también está implicado un empresario, acusada de manipular licitaciones de servicios de seguridad para defraudar al Estado dominicano con más de RD$100 millones.
En la acusación, el Ministerio Público establece que los implicados en el caso Lobo se dedicaban a recibir sobornos y manipular procesos de licitación en diversas instituciones públicas para obtener contratos de servicios de seguridad.
Entre los acusados figuran el mayor general retirado del Ejército Carlos Ambrosio Robles Díaz; los coroneles Andrés Pacheco Valera, Luis Ernesto Vicioso Bocio, Francisco Guarín Fernández y Elías Caamaño Pérez; el coronel de la Fuerza Aérea Yorbyn Eduardo Eufracio Aybar; el primer teniente del Ejército Wellington Peralta Santos; el coronel de la Policía Nacional Ramón Quezada Ortiz; el empresario Quilvio Bienvenido Rodríguez González, y el civil Bolívar Nicolás Fernández Espinal.
En el expediente se detalla que los sobornos identificados ascienden a RD$108,080,359.92, los cuales fueron exigidos y recibidos por los encargados de la seguridad institucional de diversas entidades públicas y los demás funcionarios acusados.
La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), con el apoyo de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, inició una investigación que partió de una denuncia remitida por la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental. Esta identificó la existencia de una presunta red criminal dedicada a estafar al Estado dominicano mediante la manipulación de contratos y la exigencia sistemática de sobornos a cambio de beneficiar a contratistas que ofrecían servicios de seguridad privada en instituciones públicas.
Las investigaciones establecieron que la empresa Senasa, durante los períodos 2012-2020 y 2020-2025, pagó sobornos a funcionarios de las citadas instituciones públicas. Estos pagos se realizaron mediante distintas maniobras o modalidades, incluyendo transferencias bancarias y entregas de dinero en efectivo, con la finalidad de asegurar la permanencia de los contratos adjudicados a la empresa acusada.
De acuerdo con la acusación presentada por el Ministerio Público, los integrantes de la presunta red criminal utilizaban mecanismos de corrupción para adjudicarse contratos de servicios de seguridad y garantizar su permanencia en instituciones como el Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (Inaipi), el Seguro Nacional de Salud (Senasa) y las empresas distribuidoras de electricidad Edenorte, Edeeste y Edesur.
Sobre el autor
Periodista y abogada con amplia experiencia cubriendo la fuente de Justicia.
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