Caso Lobo: Juez ratifica arresto domiciliario a implicado en red acusada de desfalcar con RD$108 millones al Estado
- El Ministerio Público establece que los implicados en el caso Lobo se dedicaban a recibir sobornos y manipular procesos de licitación en diversas instituciones públicas para obtener contratos de servicios de seguridad
Santo Domingo.- El juez del Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, Deiby Peguero, confirmó el arresto domiciliario, mediante la revisión obligatoria de la medida de coerción, a uno de los implicados en la red criminal del caso Lobo, acusado junto a otros de distribuir sobornos por más de RD$108 millones para obtener contrataciones de seguridad privada en diferentes instituciones públicas del país.
La red del caso Lobo está integrada por militares y civiles e incluye al imputado Bolívar Nicolás Fernández Espinal, exencargado de Seguridad de Edenorte Dominicana, quien buscaba con la revisión de la medida que se le variara el arresto domiciliario por presentación periódica y una garantía económica.
En la misma audiencia, el juez varió la modalidad de la garantía económica de 5 millones de pesos en efectivo a contrato al imputado Quilvio Bienvenido Rodríguez González, representante de la empresa Servicio Nacional de Seguridad Integral S.R.L. (Senase).
Se recuerda que el magistrado fijó para el 7 de septiembre el inicio de la audiencia preliminar contra la presunta red de corrupción del caso Lobo, integrada por altos oficiales militares, civiles y un empresario, acusados de manipular licitaciones de servicios de seguridad para defraudar al Estado dominicano con más de RD$100 millones.
El magistrado adoptó la decisión de fijar la audiencia luego de ser apoderado de la acusación presentada por el Ministerio Público, en la que solicita el envío a juicio de todos los implicados en el caso Lobo.
En la acusación, el Ministerio Público establece que los implicados en el caso Lobo se dedicaban a recibir sobornos y manipular procesos de licitación en diversas instituciones públicas para obtener contratos de servicios de seguridad.
Entre los acusados figuran el mayor general retirado del Ejército, Carlos Ambrosio Robles Díaz; los coroneles Andrés Pacheco Valera, Luis Ernesto Vicioso Bocio, Francisco Guarín Fernández y Elías Caamaño Pérez; el coronel de la Fuerza Aérea Yorbyn Eduardo Eufracio Aybar; el primer teniente del Ejército Wellington Peralta Santos; el coronel de la Policía Nacional Ramón Quezada Ortiz; el empresario Quilvio Bienvenido Rodríguez González, y el civil Bolívar Nicolás Fernández Espinal.
De acuerdo con la acusación presentada por el Ministerio Público, los integrantes de la presunta red criminal utilizaban mecanismos de corrupción para adjudicarse contratos de servicios de seguridad y garantizar su permanencia en instituciones como el Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (Inaipi), el Seguro Nacional de Salud (Senasa) y las empresas distribuidoras de electricidad Edenorte, Edeeste y Edesur.
En el expediente se detalla que los sobornos identificados ascienden a la suma de ciento ocho millones ochenta mil trescientos cincuenta y nueve pesos con noventa y dos centavos (RD$108,080,359.92), los cuales fueron exigidos y recibidos por los encargados de la seguridad institucional de diversas entidades públicas y los demás funcionarios acusados.
La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), con el apoyo de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, inició una investigación que partió de una denuncia remitida por la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental, la cual identificó la existencia de una red criminal dedicada a estafar al Estado dominicano mediante la manipulación de contratos y la exigencia sistemática de sobornos a cambio de beneficiar a contratistas que ofrecían servicios de seguridad privada en instituciones públicas.
Las investigaciones establecieron que la empresa Senase, durante los períodos 2012-2020 y 2020-2025, pagó sobornos a funcionarios de las citadas instituciones públicas, los cuales se realizaron mediante distintas maniobras o modalidades, incluyendo transferencias bancarias y entregas de dinero en efectivo, las cuales tenían como finalidad asegurar la permanencia de los contratos adjudicados a la empresa acusada.
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Periodista y abogada con amplia experiencia cubriendo la fuente de Justicia.
