Juez fusiona expediente de nueva persona apresada con lista de los médicos del caso SeNaSa 2.0-A

El juez de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, Rigoberto Sena, fusionó el expediente de una nueva persona apresada con el de los 22 médicos imputados en el caso Cobra 2.0-A, quienes, según el Ministerio Público, habrían sustraído fondos públicos del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) para su beneficio.

Luego de esta decisión, el magistrado aplazó para el próximo miércoles, a las 2:00 de la tarde, el conocimiento de la solicitud de medida de coerción contra los 25 imputados en el caso Cobra 2.0-A, a quienes el Ministerio Público imputan sustraer fondos públicos de SeNaSa para su beneficio.

El magistrado adoptó la decisión tras acoger un pedimento de los abogados de los imputados, quienes solicitaron tiempo para preparar los presupuestos con los que sustentarán la defensa de sus representados, apresados mediante la Operación Cobra 2.0-A.

El Ministerio Público, encabezado por el director de Persecución, Wilson Camacho, y la titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Mirna Ortiz, solicita 18 meses de prisión preventiva contra los imputados del caso Cobra 2.0-A y que el proceso sea declarado complejo.

Los implicados en el caso Cobra 2.0-A.

Los imputados son Angeury Guzmán Vásquez, Heidy Coronado Paulino, Starky Atahualpa Arturo Rodríguez Nova y Lucreisy Polanco Núñez.

Médicos imputados en el caso Cobra 2.0-A.

Entre los médicos imputados figuran ortopedas y traumatólogos como los doctores José Luis Díaz Hernández, Juan Gabriel Rodríguez Ravelo y Wander Manuel Díaz Encarnación, además de la doctora Martha María Saldaña Saldaña.

En el grupo de ginecólogos y ginecoobstetras se encuentran las doctoras Griselda Altagracia Basora Ramírez y Yocaira Antonia Méndez, así como los doctores Carlos Job Ynoa Olivero, Guillermo Enrique Dicló Garabito, Juan Henry Poueriet, Ray Ernesto Mercedes Lugo, Marcelino Eusebio Figuereo y Engels Federico Díaz Mendoza.

Entre los cirujanos generales figuran los doctores Rafael Mauricio Cabral González, Edwin Alberto Batista Cruz, Einstein Rafael Borromé Valdez y Víctor Felipe Rodríguez García, así como las doctoras Luz Esther Reyes Durán, Elsa Evelyn De La Rosa Vásquez, Hanna Rashell Rodríguez Almánzar y Laura Altagracia Santana Evangelista.
También figura la gastroenteróloga Ysabel Heredia Vallejo.

Mirna Ortiz explica por qué fue aplazada la audiencia.

A la salida del tribunal, la titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Mirna Ortiz, dijo que desde este lunes el Ministerio Público acudió al tribunal preparado para el conocimiento de la audiencia de medida de coerción.

Sin embargo, explicó que los abogados de la defensa solicitaron plazos al tribunal para poder conocer las pruebas presentadas por el Ministerio Público para sustentar la solicitud de medida de coerción.

“Adicionalmente a ello, se ha fusionado el proceso con una nueva persona que se integra a la lista de los 22 médicos que están siendo sometidos por este proceso, y eso motivó a que el tribunal acogiera el pedimento de las defensas y aplazara la audiencia para el próximo miércoles 23”, explicó Ortiz.

“En la próxima audiencia estaremos todos listos para continuar con el conocimiento del proceso. Hasta el momento, el Ministerio Público ha encontrado autorizaciones médicas facturadas y cobradas al SeNaSa con procedimientos que no fueron realizados: un articulado esquema que se organizó desde el SeNaSa con exempleados de SeNaSa y médicos que tenían códigos asignados”, agregó.

Ministerio Público presenta 789 pruebas contra los imputados.

El Ministerio Público cuenta con 789 pruebas para sustentar la solicitud de medida de coerción contra los 25 imputados del caso Cobra 2.0-A, a quienes acusa de cometer actos de corrupción mediante los cuales se habrían sustraído fondos públicos del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) para su beneficio.

Entre los elementos probatorios se encuentran 307 pruebas testimoniales, que incluyen las declaraciones de afiliados afectados por la red del caso Cobra 2.0-A.

También figuran 76 pruebas periciales, entre ellas los exámenes realizados por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) con relación al renglón de la firma de los afiliados.

Según el Ministerio Público, estos análisis evidencian que las firmas no se corresponden con las firmas y rasgos caligráficos de los afiliados afectados.

Asimismo, figuran 234 pruebas documentales, 90 materiales y 82 procesales, con las que el Ministerio Público busca sustentar su solicitud de medida de coerción contra los imputados del caso Cobra 2.0-A.

El grupo vinculado al caso Cobra 2.0-A permanece recluido en la cárcel preventiva ubicada en la cuarta planta del Palacio de Justicia del Distrito Nacional, a la espera del conocimiento de la medida de coerción.

Según la solicitud de medida de coerción instrumentada por el Ministerio Público contra los imputados del caso Cobra 2.0-A, estos son señalados por asociación de malhechores, falsificación y uso de documentos falsos, así como por delitos de alta tecnología, entre ellos acceso ilícito y uso de códigos de acceso, además de lavado de activos, en perjuicio del Estado dominicano. Estos delitos podrían conllevar penas de hasta 10 años de prisión.

Los imputados fueron apresados durante allanamientos realizados en la madrugada del pasado viernes por equipos de la Dirección de Persecución del Ministerio Público y de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca).

En la solicitud de medida de coerción instrumentada por el Ministerio Público se resalta que la corrupción es una “plaga insidiosa” que tiene un amplio espectro de consecuencias corrosivas para la sociedad.

Según el documento, este fenómeno socava la democracia y el Estado de derecho, da pie a violaciones de los derechos humanos, distorsiona los mercados, menoscaba la calidad de vida y permite el florecimiento de la delincuencia organizada, el terrorismo y otras amenazas a la seguridad humana.