MIAMI.- Un juez federal de Miami paralizó la entrada en vigor el 1 de julio de una nueva ley estatal en Florida que pretende prohibir a los gobiernos locales la contratación de empresas con vínculos comerciales con Cuba, en un fallo a favor del gigante brasileño de la construcción Odebrecht.
El juez federal K. Michael Moore ordenó la medida cautelar en una audiencia el lunes en la noche, según confirmó a la AFP una fuente de la filial estadounidense del grupo Odebrecht.
"No es como si no hubiera algún precedente, y no hubiera habido una carrera en este esfuerzo en el pasado", dijo el juez, refiriéndose a fallidos esfuerzos legislativos anteriores para poner obstáculos a los negocios con Cuba, citó por su parte el diario The Miami Herald.
A inicios de junio Odebrecht USA demandó al estado de Florida por esta controversial ley estatal que busca prohibir a los gobiernos locales cerrar contratos con empresas que mantengan negocios con Cuba y Siria.
La demanda alegó que la ley es inaplicable e inconstitucional porque se inmiscuye en asuntos de política exterior, una facultad que pertenece exclusivamente al gobierno federal, señalaron los documentos judiciales.
La ley busca prohibir a las agencias gubernamentales estatales y locales la adjudicación de contratos por valor de al menos un millón de dólares a empresas como Odebrecht Construction, Inc, que cuenta con una filial que en este momento avanza en trabajos de construcción en el puerto cubano del Mariel.
"Creemos firmemente que esta nueva ley de la Florida viola la Constitución de Estados Unidos", dijo entonces un comunicado de Odebrecht USA que es subsidiaria de Odebrecht SA, una empresa multinacional diversificada de Brasil, con operaciones en más de 20 países, incluida Cuba.
El gobernador republicano Rick Scott provocó a principios de mayo una sonada polémica en Florida, bastión del exilio cubano, al firmar la nueva ley en una ceremonia llena de simbolismo para esta comunidad de Miami y rodeado por legisladores de origen cubano-americano.
Pero después de la firma ante las cámaras, su oficina emitió un comunicado que sugería que la ley era inconstitucional y que la última palabra la tendría el gobierno federal, algo que exasperó a los cubano-americanos que habían estado presentes en el acto y que obligó al gobernador a retractarse y asegurar que haría cumplir la ley firmada.
La Cámara de Comercio estatal se había opuesto a esta ley por su posible efecto sobre firmas brasileñas y canadienses, los principales socios comerciales de Florida. Estaba previsto que la ley entrara en vigor el 1 de julio
