INDEPENDENCIA.- El juez de la Instrucción de Jimaní, Paco Terrero Pérez impuso un año de prisión preventiva contra un funcionario local y un inspector de la Dirección General de Migración, así como contra otras cinco personas arrestadas por tráfico de inmigrantes durante el despliegue de la Operación Iguana.
Los imputados Roberto Méndez Pérez, coordinador de control en el puesto fronterizo de Aduanas en Jimaní, y el inspector de esa dependencia Johan Rosario Castillo, así como Quelinton Eduardo Vólquez Guzmán, Delson Manuel Medina Díaz y Juan Mateo Feliciano (Yefo) deberán cumplir un año de prisión en la cárcel de Neyba. También, Deivi Nova Reyes, quien era empleado del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (Inapa).
Mientras que Dominga Guzmán, madre de uno de los imputados, tendrá que presentarse en forma periódica ante el Ministerio Público.
El magistrado Terrero Pérez acogió la solicitud formulada por el Ministerio Público, a través de la Procuraduría Especializada Contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas (PETT), y declaró el caso de tramitación compleja.
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La PETT, encabezada por la procuradora de corte Yoanna Bejarán, desarrolló la Operación Iguana con nueve allanamientos simultáneos en municipios de las provincias Independencia, Bahoruco y Pedernales.
En las audiencias de coerción el Ministerio Público estuvo representado por la fiscal Belkis Ulloa y Wendy González, procuradora general titular de la Procuraduría Regional de Barahona. También por la fiscal Aleika Almonte, de la PETT, y Alexis Piña y Yoneivy González, de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca).
Durante la operación, el Ministerio Público arrestó a los involucrados en la red de tráfico de inmigrantes y ocupó como evidencias siete vehículos, 127 pasaportes de ciudadanos extranjeros, aproximadamente 116 mil pesos y 383 dólares, cientos de documentos y un arma de fuego, calibre 9 milímetros.
El desmantelamiento de la red se llevó a cabo en el marco de la investigación del Caso La Placa, por el que el 8 de diciembre del pasado año fue arrestado en flagrante delito Deivi Novas Reyes, quien transportaba de manera ilegal a una cubana con su hija de siete años a bordo de una motocicleta.
La PETT, apoyada por la Dirección General de Persecución del Ministerio Público y la Pepca, inició una investigación contra la estructura criminal, dirigida por los imputados Roberto Méndez Pérez y/o Robert Méndez y Johan Rosario Castillo, quienes cometieron delitos graves aprovechando su condición de empleados de Migración.
Ambos ejecutaron las acciones en coautoría con el servidor público Deivi Nova Reyes y los imputados Quelinton Eduardo Vólquez Guzmán, Delson Manuel Medina Díaz, Dominga Guzmán y Juan Mateo Feliciano en perjuicio de la integridad personal y libertad de ciudadanos extranjeros, la seguridad del Estado dominicano y la correcta administración pública.
Según consta en la solicitud de medida de coerción, además del tráfico de personas y la recepción de sobornos, la cabeza de esta estructura criminal, Méndez Pérez, distrajo el dinero y las evidencias que colectaron las agencias de seguridad del Estado, en ocasión de arrestar a personas por la comisión del ilícito de tráfico de personas.
También distrajo las multas que cobró en el puesto de chequeo fronterizo de Jimaní.
