Santo Domingo.- El juez Rigoberto Sena dará a conocer este domingo a las 7:00 de la noche, su decisión sobre las medidas de coerción solicitadas por el Ministerio Público contra imputados en la segunda etapa de la Operación Cobra, proceso que investiga un entramado de corrupción administrativa relacionado con el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa).
Trece de los imputados admitieron ante el tribunal los hechos que les atribuye el Ministerio Público, quien modificó la medida de coerción a arresto domiciliario para nueve de ellos.
Se trata de Heidy Coronado Paulino, Lucreisy Polanco Núñez, Einstein Rafael Borromé Valdez, Carlos Job Ynoa Olivero, Engels Federico Díaz Mendoza, Rafael Mauricio Cabral González, Víctor Felipe Rodríguez García, Marcelino Eusebio Figuereo y Ray Ernesto Mercedes Lugo.
El órgano persecutor del delito presentó 706 medios de prueba, evidencia que la entidad considera suficiente para la imposición de medida de coerción solicitada.
Ministerio Público mantiene solicitud de prisión preventiva
El Ministerio Público mantiene la solicitud de 18 meses de prisión preventiva y la declaratoria de caso complejo para los demás imputados incluidos en esta etapa del proceso.
Entre ellos figuran Angeury Guzmán Vásquez, Starky Atahualpa Arturo y Rodríguez Nova, además de los médicos Ysabel Heredia Vallejo, Juan Henry Poueriet, Hanna Rashell Rodríguez Almánzar.
También los galenos Luz Esther Reyes Durán de Ramírez, Edwin Alberto Batista Cruz, José Luís Díaz Hernández, Guillermo Enrique Dicló Garabito, Griselda Altagracia Basora Ramírez, Juan Gabriel Rodríguez Ravelo.
El caso y sus antecedentes
La Operación Cobra investiga un supuesto esquema de corrupción instalado en el SeNaSa.
En una primera etapa, el Ministerio Público arrestó a Santiago Marcelo F. Hazim Albainy, exdirector de la institución, a quien señala como cabecilla del entramado, junto a otros imputados.
A los involucrados se les atribuyen, entre otros delitos, coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores, soborno, estafa contra el Estado, desfalco, falsificación, uso de documentos falsos y lavado de activos.
Según el Ministerio Público, la investigación ha permitido reunir evidencias sobre presuntos sobornos, adulteración de estados financieros y programas especiales que habrían sido utilizados para distraer fondos públicos.







