El juez de la Segunda Sala de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, Ramón Horacio González, dijo ayer que lo coherente sería prohibir la extradición de imputados para que cumplan sus condenas en el país, de acuerdo a los delitos que cometan.

Aunque se mostró de acuerdo con que República Dominicana y Estados Unidos discutan una modificación de la Ley de Extradición, que fue firmada en 1909.

El también profesor de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) indicó que “el Estado no puede delegar sus obligaciones de juzgar y sancionar en el país los hechos delictivos que se hayan cometido acá y debe proteger, por un asunto de soberanía, a sus nacionales, a pesar de que los acuerdos establecen que no pueden ser sancionados a pena de muerte”.

De su lado, los senadores del Partido de la Liberación Dominicana Tommy Galán, Luis René Canaán y Rafael Calderón, favorecieron la revisión del Tratado de extradicción con los Estados Unidos, como una forma de adaptarlo a la realidad para evitar que personas vinculadas al narcotráfico se salgan con la suya.

Aseguran que este tratado firmado hace más de cien años cuenta con aspectos que ya no se corresponden con la realidad.

La procuradora adjunta Gisela Cueto reveló el interés de Estados Unidos de modificar esa legislación.