Juez aplaza para octubre audiencia preliminar del caso Lobo acusados de sobornos
- Imputado presenta licencia médica.
Santo Domingo.-El juez del Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, Deiby Peguero, aplazó para el próximo 5 de octubre el inicio de la audiencia preliminar contra los implicados en el caso Lobo, una presunta red de corrupción integrada por militares, civiles y un empresario, acusada de distribuir sobornos por más de RD$108 millones para obtener contratos de servicios de seguridad privada en distintas instituciones del Estado.
La decisión fue adoptada debido a que uno de los imputados, el coronel Andrés Pacheco Valera, presentó a través de su abogado una licencia médica por una condición de salud que no fue especificada. Además, los implicados Wellington Peralta Santos y Ramón Quezada Ortiz, quienes cumplen arresto domiciliario como medida de coerción, no fueron trasladados a tiempo a la sala del tribunal.
El magistrado aplazó el conocimiento del proceso con el objetivo de dar tiempo al imputado que presentó la licencia médica para recuperarse de su condición de salud.
De igual manera, el juez informó a los imputados que, a través de la Secretaría del Tribunal, se recibió un escrito de constitución en actor civil presentado por el querellante, el Estado dominicano, documento que debe ser notificado a los acusados.
Red de corrupción del caso Lobo
En la acusación se establece que la presunta organización de corrupción del caso Lobo está integrada por militares, civiles y un empresario. Entre los imputados se encuentra Bolívar Nicolás Fernández Espinal, exencargado de Seguridad de Edenorte Dominicana.
El Ministerio Público solicita enviar a juicio a los implicados en el caso Lobo, sustentando su acusación en decenas de elementos de prueba contra la presunta organización criminal. De acuerdo con el expediente, los imputados habrían manipulado licitaciones de servicios de seguridad para defraudar al Estado dominicano por más de RD$100 millones.
Los implicados en el caso Lobo son acusados de recibir sobornos y manipular procesos de licitación en diversas instituciones públicas con el propósito de obtener contratos de servicios de seguridad y garantizar su permanencia.
Entre los acusados figuran el mayor general retirado del Ejército Carlos Ambrosio Robles Díaz; los coroneles Andrés Pacheco Valera, Luis Ernesto Vicioso Bocio, Francisco Guarín Fernández y Elías Caamaño Pérez; el coronel de la Fuerza Aérea Yorbyn Eduardo Eufracio Aybar; el primer teniente del Ejército Wellington Peralta Santos; el coronel de la Policía Nacional Ramón Quezada Ortiz; el empresario Quilvio Bienvenido Rodríguez González, y el civil Bolívar Nicolás Fernández Espinal.
Sobornos por más de RD$108 millones
En el expediente se detalla que los sobornos identificados ascienden a RD$108,080,359.92, montos que, según la acusación, fueron exigidos y recibidos por encargados de la seguridad institucional de diversas entidades públicas y los demás funcionarios acusados.
Las investigaciones establecieron que la empresa Senase, durante los períodos 2012-2020 y 2020-2025, habría pagado sobornos a funcionarios de las instituciones públicas citadas. Estos pagos se realizaron mediante distintas maniobras o modalidades, incluyendo transferencias bancarias y entregas de dinero en efectivo, con la finalidad de asegurar la permanencia de los contratos adjudicados a la empresa acusada.
De acuerdo con la acusación presentada por el Ministerio Público, los integrantes de la presunta red criminal utilizaban mecanismos de corrupción para adjudicarse contratos de servicios de seguridad y garantizar su permanencia en instituciones como el Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (Inaipi), el Seguro Nacional de Salud (Senasa) y las empresas distribuidoras de electricidad Edenorte, Edeeste y Edesur.
Investigación del Ministerio Público
La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), con el apoyo de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, inició una investigación que partió de una denuncia remitida por la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental.
La investigación identificó, según el expediente acusatorio, la existencia de una presunta red criminal dedicada a estafar al Estado dominicano mediante la manipulación de contratos y la exigencia sistemática de sobornos a cambio de beneficiar a contratistas que ofrecían servicios de seguridad privada en instituciones públicas.
Sobre el autor
Periodista y abogada con amplia experiencia cubriendo la fuente de Justicia.
