Santo Domingo.-Jueces, abogados ayudantes y alguaciles de estrado figuran como víctimas de espionaje del imputado del caso Camaleón, José Angel (Jochi) Gómez Canaán, dueño de la empresa Aurix, según la solicitud de medida de coerción del Ministerio Público el cual pide 18 meses de prisión y que el aso sea declarado complejo.
Se trata de los jueces del Cuarto Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, Keila Pérez, Arisleyda Méndez y Elías Santini, quienes se presentaron durante la audiencia de la medida de coerción del caso y minutos más tarde salieron del tribunal.
En el documento se indica que la lista inicia con la jueza Keyla Pérez y termina con Estefany Ortiz Montero. Además, incluye oficinistas y alguaciles.
Previo a la entrada de dichos jueces al tribunal, la jurista Laura Acosta, abogada del exdirector del Instituto Nacional del Tránsito Terrestre (Intrant), abandonó la sala de audiencia tras una discusión con el titular de la Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa (Pepca), Wilson Camacho, quien llamó a la jurista de “perversa y mentirosa”.
La abogada explicó que el funcionario señaló “que lo que ocurrió esa noche del allanamiento en la casa de su representado Hugo Beras, fue producto de mi mente pervertida y que yo me lo inventé la historia de lo que ocurrió ese día con mi pervertida mente para lograr la libertad de Hugo Beras”.
Decisión
La jueza de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, Fátima Veloz, se reservó para hoy a las 3:00 de la tarde de hoy la decisión de imponer o no medida de coerción a los imputados del caso Camaleón.
El Ministerio Público solicita 18 meses de prisión a los imputados el exdirector Intrant, Hugo Beras así como los exempleados de la institución Frank Díaz Warden, Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda, Pedro Vinicio Padovani Báez, Juan Francisco Álvarez Carbuccia, Carlos José Peguero Vargas y Jochi Gómez, propietario de la empresa Aurix.
El grupo está acusado de asociación de malhechores, coalición de funcionarios, desfalco y estafa contra el Estado, sabotaje, robo de identidad, terrorismo, violación a la ley de Alta Tecnología, contrabando, lavado de activos, violación a la ley de armas y otros delitos.
Mientras que los abogados de los encartados algunos piden libertad pura y simple como en el caso de Beras, mientras que otros solicitan una medida menos gravosa.
El titular de la Pepca, Camacho, y la coordinadora de Litigación del Ministerio Público, Mirna Ortiz, reiteraron que podrían ser sometidos nuevos implicados en el entramado del caso Camaleón y nuevas imputaciones.
La jueza conoció la audiencia de la medida de coerción en dos días.
Operativos
—1— Allanamiento
Ministerio Público realizó varios allanamientos en residencias y empresas.
—2— Sometimiento
El pasado viernes el órgano acusador depositó la solicitud de medida de coerción al grupo.