La recurrente excusa de debilidad en expedientes, de pruebas insuficientes y otros tecnicismos, hacen que realmente se sospeche sobre la integridad de jueces y miembros del Ministerio Público.
El escandaloso caso del robo de más de 400 kilos de cocaína en Barahona por parte de un grupo de policías ocurrido hace alrededor de un año en Barahona va camino a quedar impune. Los imputados han sido descargados por supuesta debilidad de la carga probatoria.
En ese caso en particular, la judicadura debía dedicarse a fondo por estar involucrados policías y, además, para salvar la reputación de quienes dirigían el cuerpo armado en esa provincia cuando ocurrió ese hecho.
El argumento del juez para descargar al grupo solo llena de manchas a los jueces actuantes, al Ministerio Público y a los jerarcas policiales cuyo accionar fue cuestionado.
El Consejo del Poder Judicial y la Suprema Corte de Justicia tienen el deber de prestarle atención a la frecuencia con que jueces se agarran de cualquier periquito para descargar narcotraficantes y corruptos.
No se puede perder de vista que esos dos tipos de criminales son de los que tienen mayor capacidad de utilizar dinero para torcer voluntades.
Pudiéramos estar frente a la reedición de épocas que creíamos superadas cuando los tribunales se equiparaban a vulgares mercados donde las sentencias se compraban y vendían.
Hacemos un llamado en particular a los jueces honestos, que por mucho son los más, para que ellos mismos defiendan su sagrado oficio.
Exijan, señores jueces, que sus superiores no permitan que la corrupción vuelva a enquistarse en el sistema judicial.
No permitan, señores jueces, que sobre su generación recaiga el estigma de haber perdido lo mucho que se había avanzado desde la primera ola de reformas de la justicia.
Súmense, señores jueces, no a los que dan excusas justificadoras sino a los que ponen el pecho para impedir que los corruptos profanen la sagrada responsabilidad de administrar justicia y proteger a la sociedad.
