Un juez, en teoría, es un árbitro imparcial que se encarga de determinar quién tiene la razón, conforme a las reglas del derecho y la buena justicia.
Pero también es un ser humano con ambiciones, necesidades, y temores. Debajo de la toga y la borla morada, hay una persona que puede ser objeto de presiones políticas, económicas o de otra índole.
En un país donde las instituciones funcionen, los jueces emiten sus sentencias conforme a las leyes. Pero dado que nuestro país está muy lejos de ese ideal de nación, los jueces suelen decidir conforme a los intereses del poder. Lo que hace necesaria la presión social como sano contrapeso a la presión política y económica.
Recientemente concluimos el fondo en la acción de amparo contra el Ministerio de Obras Públicas y la construcción de una terminal de autobuses en el Parque del Este (que han pretendido imponer sin los permisos ambientales y de uso de suelo; un verdadero monumento al abuso de poder).
A pesar de que la ley que regula esta materia ordena que la sentencia debe pronunciarse el mismo día, el tribunal no lo hizo así, reservándose su decisión para emitirla sin fecha definida.
Quizás hayan hecho eso para sustentar de manera indiscutible las razones para detener esa aberración contra el medioambiente y los derechos urbanísticos. Solo esperamos que este plazo no sea utilizado para incrementar las presiones, y llevar al tribunal a convertirse en un verdugo de ese pueblo que acudió ante él clamando justicia.
Para que los jueces de la Tercera Sala del Tribunal Superior Administrativo estén más tranquilos y quitarles un poco de esa pesada carga, es preciso aclararles que en sus manos no está si la obra se va construir o no; más bien lo que está es si la obra se va a parar por las buenas, o de alguna otra manera; pero de que se va a parar, se va a parar. Que ni los jueces, ni las irresponsables autoridades piensen que existe la más mínima posibilidad de que esa obra se ejecutará en ese lugar.
Finalmente, dejar claro una cosa: cuando las instituciones le pasan por encima al pueblo, le dan el derecho al pueblo de pasarle por encima a las instituciones. Lo que ocurra de ahora en adelante dependerá del grado de terquedad del Gobierno y del nivel de servilismo de los jueces.
