Para lograr los avances del sistema judicial la sociedad llegó a acuerdos que enterraron el pastel político y el mercado, que, con sus excepciones, constituía la impartición de justicia, hasta la reforma constitucional de 1994.
La idea fuerza de dicho proceso era que la justicia debía ser impartida por jueces independientes, imparciales, meritorios, conocedores de la realidad, de los valores superiores, innovadores y aptos para vencer las tentaciones del autoritarismo, el burocratismo, el positivismo y el dinero.
Se necesitaban jueces conscientes de ser servidores públicos, no miembros de una elite, corporación o casta, garantes de la objetividad y que actuaran como contrapeso contra los excesos del poder.
Ameritábamos de caballeros y damas, antes que de funcionarios o profesionales, con valor, sentido común y entereza para enfrentarse a las presiones, con serenidad y capacidad pedagógica, pero sobre todo jueces íntegros.
No bastaba tener la exitosa Escuela Nacional de la Judicatura y la Carrera Judicial. Era preciso fortalecer el Sistema Disciplinario y que funcionara eficazmente la Inspectoría Judicial.
Lamentablemente la corrupción, que se creía muy superada, ha venido haciendo su penoso y bochornoso reingreso en el sistema judicial. Suenan ríos de agua sucia y se habla de algunos/as jueces que se la están buscando. Parte de la comunidad jurídica y ciudadana los conoce. Esto no es ajeno al Consejo del Poder Judicial ni a la Inspectoría Judicial.
Para sancionar a los/las jueces prevaricadores bastaría ver lo que tenían y lo que tienen ahora, en comparación con sus legítimos ingresos.
¿Qué se espera para castigar a jueces cuya fortuna y recursos no pueden justificarse y que a ojos vista deshonran la función de juez, afectando con ello a tantos/as jueces dignos de sus cargos y poniendo en juego la credibilidad ciudadana en el sistema judicial? Ahí procede la inversión de la carga de la prueba.
Que prueben ellos qué herencia o premio se sacaron.
