Centro Juan XXIII pide un consenso real para pacto fiscal y retirar del Congreso el proyecto de ley
El Centro Juan XXIII comunicó este viernes que es necesario que la reforma fiscal sea respaldada por un consenso social amplio y efectivo, por lo que solicitó que el proyecto de Ley de Modernización Fiscal sea retirado del Congreso Nacional.
Argumentó que, aunque es urgente aumentar los ingresos tributarios para abordar las necesidades educativas y la deuda pública, esto debe hacerse de manera transparente y equitativa, asegurando que todos los sectores, especialmente la clase política, asuman su parte del sacrificio.
A través de un comunicado enfatizó en que la falta de voluntad política y el incumplimiento de la ley por parte de los legisladores alimentan la evasión fiscal y desconfianza en el sistema.
El documento señala: «La necesidad de una modernización en el manejo fiscal entra en el imaginario colectivo actual como parte de la Ley 1 del 2012, mejor conocida como la Estrategia Nacional de Desarrollo. En este contexto, lo que se planteó siempre ha sido un pacto. No un proyecto de ley ajeno al consenso generalizado que garantizaría su éxito».
Con encendido de velas protestan frente al Congreso contra reforma fiscal
De igual manera, la organización describió que en los últimos 50 años, la sociedad ha tenido que vivir el enriquecimiento desmedido e inexplicable de sus representantes y funcionarios, apoyado desde un «gasto suntuario, negligente, clientelar, de mil maneras corrupto y un Poder Legislativo que abiertamente irrespeta la ley que genera».
«A esto sumamos que, durante ese mismo tiempo, es poco o nada lo visible que se ha hecho para reducir la evasión fiscal prevalente en el país. La promesa eterna es que con la nueva ley esto se hará. Sin embargo, para reducir la evasión no faltan leyes ni instrumentos nuevos. Lo que falta es la voluntad de asumir el costo político de aplicar la ley», citó.
“Sacrificios”
El documento expresa que el gobierno ha anunciado “sacrificios” que ha hecho o va a hacer como contribución al fin. Sin embargo, la información dada no incluye cuántos ahorros se lograrían o las razones que motivaron su elección.
«¿En este contexto, cómo podrá la sociedad civil mañana pedir cuentas al Estado de que cumpla con su parte, cuando esa parte no cuenta con medios claros de medición y seguimiento? ¿Qué pasará con los dispendios ofensivos que quedan francamente abiertos? ¿Qué pasará con el gasto descomunal de publicidad y comunicación?», se preguntó la entidad.
«¿El famoso “barrilito” y “cofrecito”? ¿El crecimiento desmedido de la nómina pública? ¿Las pensiones injustificadas? ¿Seguirá la ADP lucrándose inmisericorde con los fondos destinados a la educación dominicana, que exacerban la necesidad de esta reforma fiscal, atrincherada detrás del secuestro de alumnos y alumnas, nuestros hijos e hijas?», cuestionó la organización.
De modo que para el Centro Juan XXIII, para lograr un pacto fiscal sostenible, se requiere de un diálogo nacional genuino, una mejora en la eficiencia del gasto público y esfuerzos concretos para reducir la evasión fiscal.
La organización instó al gobierno a retirar la propuesta actual del Congreso y permitir un proceso de negociación real para alcanzar un consenso social que beneficie a toda la población, asegurando que todos sean tratados por igual ante la ley.
La ABA advierte que gravar más a los ahorros tendría consecuencias a nivel monetario y cambiario
Un plazo
Indicó que se precisa de un lapso válido de tiempo para que la sociedad se organice y reaccione ante la reforma fiscal, además para que el gobierno dé pasos concretos para mejorar significativamente la calidad y eficiencia del gasto público.
Sostuvo que dentro del marco jurídico actual, es el Consejo Económico y Social (CES) el espacio donde los concesos sociales deben ser logrados.
Por lo que reiteró: «urgimos al gobierno a que retire la pieza introducida al Congreso».
Llamó a la clase política a refrendar, sin cambios, el conceso social logrado.
De esta manera, indicó que, solo así, sería posible alcanzar la promesa de un pacto fiscal nacional que no sólo resuelva las urgencias económicas del Estado Dominicano si no que garantice a todos la construcción de una nación donde «todos somos iguales ante la ley, donde todos cargamos parejos a la hora del sacrificio y donde los acuerdos que como sociedad alcanzamos son respetados por todos».
