Santo Domingo, RD. – Uno de los principales implicados en la estructura de corrupción del caso Camaleón, José Ángel Gómez (Jochi Gómez), mantenía una base de datos con registros sensibles relacionados con los archivos del “marbete electrónico” de vehículos, captados mediante cámaras y sistemas de vigilancia. Esta información incluía detalles personales de ciudadanos obtenidos a través de un sistema ilegal de espionaje y monitoreo.
Así consta en la acusación del Ministerio Público, que establece que las autoridades hallaron una zona oculta detrás de láminas de construcción, donde fueron encontrados servidores, discos duros y equipos conectados por fibra óptica a la empresa AURIX S.A.S., propiedad del imputado.
Durante el registro se ocuparon decenas de servidores y equipos electrónicos que, al ser analizados, revelaron respaldo remoto de cámaras de videovigilancia pertenecientes a la empresa Transcore Latam S.R.L., interconectadas de forma ilícita con los equipos incautados.
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En el análisis se detectó una base de datos SQL con archivos denominados “MARBETE_ELECTRONICO.mdf” y “MARBETE_ELECTRONICO_log.ldf”, que contenían información de vehículos captados por cámaras y datos personales, confirmando la existencia de un sistema ilegal de vigilancia y espionaje.
Además, se vincula a la empresa PagoRD Xchange S.R.L., representada por el imputado Manuel Eduardo Mora Vázquez, lo que refuerza su conexión con la compañía AURIX S.A.S., propiedad de Gómez.
El expediente señala que la estructura utilizaba estas y otras empresas para transferir, ocultar e integrar capitales ilícitos, siendo PagoRD Xchange S.R.L. el principal canal de recaudación. Los fondos eran transferidos en cadena a compañías del mismo grupo económico vinculadas al caso Camaleón, simulando operaciones comerciales y de servicios inexistentes.
Con los recursos desviados, Jochi Gómez y su círculo procedieron a integrar el dinero en el circuito económico formal, adquiriendo propiedades de lujo a nombre de PagoRD y OML Inversiones S.R.L., cuyos valores superaban la capacidad económica declarada de sus titulares.
Además de Gómez, propietario de AURIX, también están implicados: Hugo Beras, exdirector del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant); Pedro Vinicio Padovani Báez, exencargado del Centro de Control de Tráfico; y Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda, exdirector de Tecnología del Intrant.
Otros señalados son Frank Rafael Atilano Díaz Warden, excoordinador de Despacho y representante de Beras ante el Comité de Compras; Juan Francisco Álvarez Carbuccia, director administrativo y financiero del Intrant; y Carlos José Peguero Vargas. A la acusación también se sumaron Mariano Gustini, Manuel Eduardo Mora Vázquez y Henry Darío Féliz Casso.
Las empresas acusadas son Transcore Latam S.R.L., AURIX S.A.S., INPROSOL S.R.L., OML Inversiones S.R.L., PagoRD Xchange S.R.L., Industria Soltex Dominicana S.R.L y Dekolor S.R.L.
La jueza Yanibet Rivas, del Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, fue apoderada para conocer la audiencia preliminar del caso.
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