Jean Alain Rodríguez: «Llegó el momento de que estemos de vuelta en libertad”,

SANTO DOMINGO.– “Llegó el momento de que estemos de vuelta en libertad”, expresó este jueves el exprocurador general de la República Jean Alain Rodríguez, al salir del tribunal que ordenó el levantamiento de la prisión domiciliaria y la retirada del grillete electrónico que lo mantenían bajo arresto.

La decisión fue adoptada por el Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, que también ratificó otras medidas cautelares, como una garantía económica de 30 millones de pesos dominicanos (equivalentes a unos 500,000 dólares) y el impedimento de salida del país.

Rodríguez, considerado el principal acusado en el caso de corrupción administrativa conocido como “Operación Medusa”, manifestó ante la prensa que estos casi cuatro años de restricciones a su libertad —18 meses de ellos en prisión preventiva— han sido “bastante duros”, pero que los enfrentó “con entereza y paciencia”. Afirmó, sin embargo, que “no debió haber pasado un solo día” detenido.

Antes de conocerse la decisión judicial, Rodríguez aseguró que no tiene intención de evadir el proceso penal en su contra. Por su parte, representantes del Ministerio Público, que habían solicitado el mantenimiento del arresto domiciliario, insistieron en que el juicio continúa y que harán todo lo necesario para desvirtuar la presunción de inocencia del exfuncionario, con base en la acusación y las pruebas que serán presentadas en el tribunal.

El juicio de fondo, cuya apertura fue pospuesta para el próximo 23 de junio, se centra en las acusaciones de corrupción que pesan sobre Rodríguez y otros imputados, entre ellos personas físicas y empresas. Los cargos incluyen soborno, desfalco, estafa contra el Estado y lavado de activos, supuestamente cometidos durante su gestión al frente de la Procuraduría General de la República entre 2016 y 2020.

De acuerdo con el expediente presentado por la Fiscalía, en el marco de la “Operación Medusa” se habrían malversado más de 6,000 millones de pesos dominicanos (más de 100 millones de dólares) a través de esquemas fraudulentos de contratación y otras maniobras irregulares dentro del órgano persecutor.