Santo Domingo.- El expediente acusatorio del Ministerio Público señala que el exprocurador Jean Alain Rodríguez, principal imputado del Caso Medusa elaboró junto a Jonathan Rodríguez y Alfredo Solano, 22 contratos de alquiler de medios de transportes, por el monto de RD$35,940,000.00, así como múltiples contratos, adendas de contratos al margen de la ley y contratos de confidencialidad que evidencian cómo operaba el entramado de corrupción.
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«Estos contratos se hicieron en clara violación a la ley No. 340-06 sobre Compras y Contrataciones. Contratos que se firmaron en plena pandemia del Covid19, época en que se estaba trabajando desde la virtualidad, para contratar servicios de transporte y pagarlos a través de las cuentas de nóminas, con un monto fijo mensual cuando el servicio no era constante por su naturaleza. Estos contratos fueron cancelados antes de vencerse el plazo de terminación de los mismos», indica el documento.
Pago Irregular de Combustible.
De igual manera, la acusación manifiesta que la Procuraduría General de la República, mediante documento, establece que adquirió RD$10,700,000.00, en gasolina y gasoil a la empresa Sunix Petroleum S.R.L mediante factura No. B1500041360 de fecha cuatro (4) de febrero 2020.
«En la actualidad, la institución no constan con evidencia de a quienes le fue entregado el combustible siendo este expediente tramitado por el entonces Director Administrativo del Ministerio Público, Jonathan Rodríguez Imbert, con la participación del entonces Subdirector Financiero Alfredo Solano, por instrucciones del imputado Jean Alain Rodríguez Sánchez quien autoriza la operación», expone el documento.
Además, la acusación indica que en fecha trece (13) de febrero del 2020, el imputado Jonathan Rodríguez Imbert dirigió una comunicación al entonces Contralor General de la República, Daniel Omar Caamaño, solicitando la autorización de un reconocimiento de deuda y alegando que el combustible adquirido se debía a que en vistas de las actividades de la institución se habían realizado consumo adicionales.
«En fecha 9 de marzo de 2021 la Procuraduría General de la República recibe una comunicación de la empresa Sunix Petroleum, alegando que habían presentado una confusión interna con respecto a la factura No. B1500041360 y que la misma le aparecía como pagada sin estar pagado», puntualiza.