La sociedad dominicana está acostumbrada al discurrir de la cotidianidad nacional sin prestar atención a cuestiones que aparentan pequeñas, pero que entrañan gran significación en la vida democrática.

Un ejemplo lo tenemos en el acuerdo de colaboración interinstitucional que acaban de suscribir el Instituto Especializado Superior en Formación Política y del Estado Civil de la Junta Central Electoral (IESPEC) y la Escuela Nacional del Ministerio Público (IES-ENMP) con el propósito de potenciar la formación de fiscales en la persecución de crímenes y delitos electorales en el marco del proceso electoral 2024.

Los venideros comicios deben realizarse en un ámbito de libertad, seguridad y legalidad. Y para eso hay que concienciar a los actores del sistema electoral dominicano en torno a las reglas y procedimientos que los encaucen, entes que los ejecuten y, principalmente, órganos que investiguen y persigan los delitos electorales.

Sé que este acuerdo, en mentes liliputienses, carece de relevancia; pero la verdad es que constituye un hito que marca el inicio de la construcción de una justicia penal electoral, la cual solo existe en la parte normativa.

A través de éste se evidencia un interés institucional del alto valor en generar confianza en el proceso electoral como un elemento clave en la legitimación del acceso al poder público, en la consolidación del régimen democrático y ante el reto de trabajar para vencer la impunidad de los delitos electorales y sus graves derivaciones sociales, económicas y políticas.

Desde la antigüedad ha existido la necesidad de sancionar las conductas ilícitas que quebrantan los fines democráticos de la población, atendiendo al lugar, el tiempo y las circunstancias en las que se presentan.

En las polis griegas las conductas que lesionaban los derechos de los ciudadanos como votar dos veces, vender o comprar el voto, eran castigadas severamente o con la pena de muerte; mientras que, en el Imperio romano, en donde se reguló en las Doce Tablas, el castigo con la pena de muerte algunos delitos, señalamos tres casos: el falso testimonio, el cohecho en el juicio y la compra de votos en las elecciones.

En la República Dominicana es marcada la impunidad de los delitos electorales. La falta de voluntad política ha imposibilitado juzgar penalmente a los infractores.

El antídoto a lo anterior radica en contar con sujetos electorales bien formados, a fin de garantizar los derechos civiles y políticos fundamentales que debe tutelar cualquier democracia cimentada en sólidos valores éticos y morales.

Nuestra sociedad tiene el desafío de afrontar con éxito unas elecciones municipales, congresuales y presidenciales que pintan complejas este semestre, por lo que reviste enorme trascendencia brindar a actores puntuales, tal el caso de los fiscales, los conocimientos necesarios para la comprensión del derecho penal electoral sustantivo, las herramientas conceptuales de la materia, los principios rectores; así como el funcionamiento pleno del sistema electoral dominicano.

La integridad electoral debe ser el activo principal, entendida por la capacidad de los actores del proceso electoral en procura de preservar el derecho de los electores de participar en elecciones genuinas.

La democracia exige de tolerancia, de aceptación de las normas y de las decisiones institucionales y jurisdiccionales. En el caso de la organización, la administración y la justicia electoral, la práctica en la República Dominicana ha sido que cuando no se está de acuerdo con una decisión en la materia, se recurra al descrédito de liderazgos políticos y funcionarios electorales.

La formación de calidad representa el mejor camino para ir superando las falencias de nuestros sistemas político y electoral.