Por Franklin Puello
SANTO DOMINGO.-El presidente de la Junta Central Electoral, Roberto Rosario, pidió que la Organización de Estados Americanos intervenga para que el Gobierno de Haití desista de su campaña de odio y difamación contra la República Dominicana, como forma de propiciar el retorno al diálogo sobre el problema migratorio.
Al comentar sobre el contenido del informe presentado por el secretario general de la OEA al Consejo Permanente sobre la situación migratorio, el funcionario electoral asegura que la campaña emprendida por Haití no contribuye a la convivencia pacífica.
«Es decir que para que existan condiciones para el diálogo entre ambos países, es prioritario que el Estado haitiano resuelva el tema de la falta de la falta de documentación de sus nacionales en su propio territorio, donde, como hemos recalcado, cerca de un 60 por ciento de sus habitantes no cuenta con ningún documento de identidad».
«Reiteramos, Haití debe cesar su campaña internacional de odio y difamación contra nuestro país», indicó.
Rosario consideró que OEA debe obligar que las autoridades haitianas garantice los derechos fundamentales de sus ciudadanos, «ya que la irresponsabilidad en la gestión documental de sus habitantes, está generando un estado de inseguridad regional, que afecta a todos los Estados receptores de su emigración».
Entiende que el organismo regional debe contribuir a crear un clima propicio para reanudar las conversaciones entre las dos naciones vecinas y fronterizas.
El presidente de la JCE manifestó que en el informe de la OEA presentado ante el Consejo Permanente no se hace referencia al hallazgo de la supuesta crisis humanitaria, ni a los supuestos campos de concentraciones, supuestas torturas ni supuestas deportaciones masivas de personas de origen haitiano, como había denunciado el gobierno haitiano en varios foros de organismos internacionales.
«Y si este informe no cita esas acusaciones que realiza el Estado haitiano en el exterior, con el objetivo de incentivar el odio y la xenofobia contra la República Dominicana, es porque los comisionados de la OEA no pudieron comprobar que tales hechos ocurren en nuestro país», agregó.
Rosario manifestó que en su momento, informó a la comisión de la OEA que visitó el país durante los días del 9 al 14 de julio, que al margen de que Haití documente a sus ciudadanos en su propio país y que la República Dominicana concluya con la ejecución de la reforma migratoria en curso, es difícil que se produzcan conversaciones entre los dos Estados, sobre el tema de la migración.
De acuerdo al presidente de la Junta, el Gobierno haitiano ha colocado al Gobierno dominicano en una situación incómoda, al hacer acusaciones inverosímiles tan temerarias, como de provocar una supuesta crisis humanitaria, establecer supuestos campos de concentración, práctica de torturas, generar apatridias, deportaciones masivas, racismo y xenofobia.
«Expresamos a la OEA nuestra preocupación por el hecho de que aproximadamente el 60% de la población nacida en territorio haitiano no ha sido documentada por su propio Estado, y que por tanto, el Estado haitiano, con esta situación, le niega a sus propias personas el derecho al nombre, a la identidad y a la nacionalidad; lo que lo convierte en un Estado productor y exportador de potenciales apátridas, pero por interés y voluntad de los gobernantes de Haití, por lo que a nuestro entender, cuando la comisión dice reconocer ‘que existen personas en riesgo de no contar con ninguna nacionalidad reconocida’, consideramos que se refiere a quienes producto de la inconsecuencia del Gobierno de Haití, deambulan sin documentos que les identifiquen».
