Santo Domingo.– El pleno de la Junta Central Electoral (JCE),  rechazó la solicitud del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) de colocar veedores de los partidos políticos en la Dirección Nacional de informática a fin de acompañen este proceso que avanza de cara a las elecciones del año 2024.

La solicitud fue enviada a través de  un comunicado por Danilo Díaz, delegado suplente del PLD, con ocasión del plazo que les fue otorgado a las organizaciones políticas para que expresaran su punto de vista sobre el proceso de reestructuración de la Dirección de Informática de la Junta Central Electoral.

La solicitud rechazada señala que “A los fines de mayor transparencia, superar los sucesos ocurridos en la Dirección Nacional de informática, implicar y hacer corresponsable a los partidos políticos de este gran desafío y reto que tiene ese importante órgano de la Junta Central Electoral y de la democracia, estamos formalmente proponiendo veedores de los partidos políticos para que acompañen este proceso, apoyándonos en el éxito que tuvo este mecanismo en los procesos electorales del año 2020”.

Sin embargo,  el organismo conoció la mencionada propuesta y estableció que las razones y circunstancias que en el pasado permitieron la figura de veedores de los partidos políticos en el ámbito de la Junta Central Electoral actualmente son inexistentes.

Por tanto,  el organismo añadió que los acontecimientos que «perturbaron» la celebración de los comicios del año 2020 y que obligaron a su posposición, son asuntos que han sido evaluados y atendidos por el Pleno

De igual modo, indicó que  “los factores que perturbaron la normal celebración de las elecciones de 2020 y que obligaron a su posposición para fechas distintas a las previstas constitucionalmente y que a su vez impactaron la legitimidad y credibilidad de este órgano, son asuntos que han sido debidamente evaluados y atendidos por este Pleno, con elevados criterios técnicos y transparencia en la administración de lo electora».

La entidad comunicó que se encuentra en un proceso de certificación de las normas ISO en sistemas de gestión de calidad, que buscan evitar que situaciones como las que han ocurrido «no vuelvan a trastornar la paz social».