Santo Domingo. – Aunque su implementación en el 2014 significó un paso a la modernidad, la actual cédula de identidad y electoral presenta una serie de debilidades que demandan su modificación.
Según Román Jáquez Liranzo, presidente de la Junta Central Electoral (JCE), el documento cumplió con los requisitos que, en su momento, eran adecuados, pero tras 10 años de vigencia carece de elementos para responder a las exigencias actuales y proteger adecuadamente a la ciudadanía
“Hay una realidad de que la actual cédula es vulnerable”, expresó el funcionario durante su participación en el Almuerzo Semanal del Grupo de Comunicaciones Corripio, al tiempo que señaló el aspecto legal como otro de los factores que justifican su renovación, debido a la caducidad del documento.
En contraste con la cédula vigente, desarrollada en PBC, Jáquez Liranzo indicó que la nueva será elaborada en policarbonato, lo que garantiza una mayor durabilidad al plástico.
Asimismo, anunció que al código QR se le añadirá un chip para reforzar su seguridad y prevenir su falsificación. Precisamente, esta es una de las principales debilidades del documento actual, el cual puede ser adulterado con facilidad, de acuerdo a declaraciones del presidente de la Junta Central Electoral.
Jáquez Liranzo informó que actualmente la Procuraduría General de la República (PGR), a través de la fiscal Esther González, adscrita a la JCE, conoce tres procesos relacionados con la falsificación del documento.
En ese sentido, citó casos judiciales como la Operación Neyba, donde hubo 17 sometimientos y cuatro condenas a tres años de prisión por la adulteración de la cédula de identidad y electoral. Otro caso, ocurrido en el 2023 y denominado Operación Colibrí, llevó a la justicia a 17 personas, logrando seis condenas a favor del Estado.
También mencionó la Operación Barahona y Distrito Nacional, con la cual se lograron siete condenas de seis años de prisión por falsificación de documentos.
Jáquez Liranzo declaró que, en cinco años, la fiscalía ha conocido más de mil casos investigados por la dirección de Seguridad Civil de la Junta Central Electoral, con el apoyo de la Policía Nacional, Dirección Central de Investigación (Dicrim), y otras instituciones.
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