La democracia dominicana tendrá que superar la importante prueba de celebrar, sin traumas, las elecciones municipales, congresuales y presidenciales programadas para el próximo año 2024.

La Junta Central Electoral (JCE), en su rol de administrador del proceso electoral, está en el compromiso de validar el mandato que le ha conferido el pueblo dominicano, y para ello tendrá que ceñir sus actuaciones a los principios de libertad, transparencia, equidad y honestidad.

Las opciones del miedo y la complacencia no pueden ser parte del contenido abstracto del calendario electoral.
El órgano es un extrapoder creado por la Constitución de la República para actuar con autonomía en función de los intereses nacionales, sin dependencia de ninguna naturaleza de los tres poderes clásicos derivados de la teoría de Montesquieu.

El cumplimiento de la condición anterior dependerá del coraje y la moralidad de sus titulares. El miedo no puede paralizarlos frente a eventuales acciones del Ejecutivo o de cualquier liderazgo o poder público. De ocurrir ese infortunio, la historia no los absolverá, sino que irán directamente al zafacón de los inútiles.

Penosamente el miedo se ha ido apoderado de la sociedad dominicana. En medio de la vergüenza, determinados funcionarios piensan más en los intereses de quien promovió su designación o en el qué dirá la opinión pública de sus actos que en el mandato de la Constitución y las leyes. Les cuenta más el monto del presupuesto que, medalaganariamente, le asigne a la institución el Poder Ejecutivo.

La Constitución de la República confiere la facultad a la JCE de organizar, dirigir y supervisar las elecciones, garantizando la libertad, transparencia, equidad y la objetividad de las mismas. De manera particular le ordena velar para que los procesos electorales se realicen con sujeción a los principios de libertad y equidad en el desarrollo de las campañas y transparencia en la utilización del financiamiento.

Existe el imperativo de garantizar el ejercicio de los derechos fundamentales de elegir y ser elegido y la realización de todos los actos lícitos para solventar las referidas prerrogativas, dentro de un Estado Social Democrático de Derechos. De hecho, los partidos políticos son los más llamados a entender el momento de prueba en que vive la democracia

En el caso de una efectiva democracia electoral entraña desafíos que demandan ser gestionados con inteligencia. Hablamos de democracia electoral cuando el régimen en el que la lucha en procura del poder público se dirime entre opciones plurales reales, en colegios sin exclusiones y a través de procesos competitivos, reglados y dirigidos por una autoridad de garantizada neutralidad.

Naturalmente, el significado de la democracia electoral debe ser comprendido y asumido a plenitud también por los ciudadanos y ciudadanas.

El resultado de los desafíos electorales que tiene por delante el país con miras a las venideras elecciones nos dirá si marchamos por el camino correcto en la construcción de una democracia medianamente madura.

El referente ético no puede estar ausente, en virtud de que la ética electoral remite a una serie de principios, valores y máximas básicas en el propósito de organizar elecciones limpias e imparciales, que no dejen dudas en la población dominicana.

Las autoridades electorales, por lo tanto, deben saber que ni el Gobierno, ni los partidos, agrupaciones o movimientos políticos, ni poderes extranjeros ni ninguna entidad de la sociedad civil son sus jefes; solo lo es el pueblo dominicano en quien reside el poder, conforme lo establece nuestra Carta Magna.
Lo que se espera es una actuación sin miedo ni complacencia en las organizaciones de comicios libres y transparentes en el 2024.