Periodista Luis García
El mes de julio, que finaliza en dos días, debió declararse de júbilo nacional con motivo de la celebración del vigésimo aniversario de la promulgación de la Ley de Acceso a la Información Pública, cuyo objeto es promover la transparencia y rendición de cuentas gubernamental.
No se trata de una norma jurídica cualquiera. Impacta significativamente en lo institucional y lo democrático. Esto así, porque su fin consiste en garantizar a toda persona interesada, sin discriminación alguna, el derecho a solicitar y a tener acceso a la información pública en posesión de las autoridades y sujetos obligados.
La Ley General de Libre Acceso a la Información Pública establece que todas las entidades gubernamentales deben proporcionar información veraz y oportuna a cualquier persona que la solicite.
El Reglamento, precisado en el Decreto No. 130-05, ordena la creación de Oficinas de Acceso a la Información (OAI) y la designación de Responsables de Acceso a la Información (RAI) en cada organismo público.
Estas oficinas tienen la tarea de recibir, procesar y responder las solicitudes de información dentro de un plazo máximo de 15 días hábiles, con una posible extensión de diez días adicionales en casos excepcionales.
Desde la esfera oficial nadie ha promovido celebración alguna en torno a la legislación promulgada por el Poder Ejecutivo el 28 de julio del año 2004, votada por el Congreso Nacional a iniciativa del entonces senador del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) en el Distrito Nacional, José Tomás Pérez.
Aunque parezca incomprensible, a dos décadas de su puesta en vigencia, la sociedad se entera cada vez menos de lo que sucede a lo interno a la Administración Pública; en contraste con los niveles de transparencia que se proclaman desde la esfera oficial.
Acontecimientos recientes describen un panorama poco halagüeño de la transparencia y la rendición de cuentas en el país. El Poder Ejecutivo instruyó a todos los funcionarios públicos a entregar cualquier información solicitada por los medios de comunicación de manera inmediata.
Esta directiva fue emitida mediante una ordenanza del Ministerio de la Presidencia, reforzando la necesidad de cumplir con la Ley de Libre Acceso a la Información Pública sin esperar sentencias del Tribunal Superior Administrativo.
Mientras que reportes de prensa dan cuenta de que varios funcionarios del gobierno continúan declinando responder a solicitudes de información, contraviniendo tanto el discurso de transparencia del gobierno como la Ley 200-04. Entre las instituciones mencionadas por su falta de respuesta se encuentran el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre y los Ministerio de Hacienda y del Ministerio de Trabajo.
Incluso, el Tribunal Constitucional emitió una sentencia mediante la cual condena al Ministerio de Obras Públicas al pago de más de RD$12 millones como resultado de una multa impuesta por el Tribunal Superior Administrativo por no entregar documentos solicitados.
Durante el considerable período de vigencia de la Ley 200-04, en su nombre se ha promovido la transparencia y la rendición de cuentas, pero su implementación ha enfrentado importantes desafíos y resistencia de algunas instituciones gubernamentales. Resulta esencial reflexionar sobre los logros y obstáculos, y redoblar esfuerzos para garantizar el respeto a una legislación que creó grandes expectativas en la sociedad dominicana.
El panorama actual cuestiona si la corrupción ha superado a la transparencia. Aunque la ley es ideal para destapar casos de corrupción, la resistencia de algunas entidades gubernamentales a proporcionar datos ha limitado su efectividad. Esto subraya la necesidad de revertir la situación para garantizar una verdadera transparencia y fortalecer la democracia.
La transparencia y la rendición de cuentas son vitales para contar con una democracia vigorosa.
