La educación que se ofrece en los colegios es un servicio a la sociedad, pero al mismo tiempo es una iniciativa de inversión privada en el sector educativo; o sea, que son instituciones que ofertan un servicio educativo y, como tal, tiene un costo económico, igual que otros servicios.
Sin que haya una armonía entre los sueldos inalterables de los padres de los alumnos y las tarifas de algunos colegios, lo segundos son recurrentes en hacer, a principios de cada año escolar, un ligero ajuste en las cuotas de inscripción y los pagos mensuales por el pan de la enseñanza que ofrecen.
Al costo de una nueva inscripción se suman otros cargos; entre ellos, nuevos uniformes, los libros, los materiales de trabajo, el costo del transporte, los paseos a lugares de interés extracurricular; y una variedad de etcéteras que terminan afectando la economía familiar muy sensiblemente.
Los aumentos, según los expertos, pocas veces se traducen en una mejoría salarial para los maestros de dichos centros. El reajuste tampoco incide en una educación de calidad. A todo esto, no hay una fórmula legal que pueda usar el Ministerio de Educación para defender a padres y estudiantes de la voracidad de los centros educativos privados.
La respuesta más viable es hacer más de lo que hace el Gobierno, a través del Ministerio de Educación; o sea, aumentar el presupuesto destinado a la educación e invertir más en la formación de mejores maestros y en la edificación de planteles escolares, para que haya una oferta alternativa y de calidad para las familias dominicanas.
