Interior y Policía no puede seguir eludiendo su responsabilidad: quien dirige la seguridad  ciudadana debe  responder por sus resultados

Cada vez que ocurre una actuación policial que conmociona al país, la explicación oficial sigue el mismo libreto. La responsabilidad recae sobre el agente, sobre un comandante, sobre un protocolo que falló o, incluso, sobre los conflictos sociales. Siempre hay un responsable inmediato, pero lo que nunca se discute es quién dirige el sistema

Cuando una política pública no produce los resultados esperados, quienes la dirigen deben responder ante la sociedad, en democracia, los éxitos tienen dueño, pero los fracasos también.

Debemos tener claro que la Policía Nacional no diseña la política pública de seguridad. La ejecuta. Quien tiene la responsabilidad de definir la estrategia, establecer las prioridades, supervisar su cumplimiento y evaluar sus resultados es el Ministerio de Interior y Policía. Por eso, cuando las mismas fallas se repiten durante años, la discusión no puede limitarse al último eslabón de la cadena. También debe llegar hasta quien tiene la responsabilidad de conducirla.

Una institución actúa de acuerdo con la dirección que recibe. El comportamiento institucional responde al sistema de conducción. La calidad del servicio policial depende de la planificación, la supervisión, la capacitación, la evaluación y la rendición de cuentas. Cuando esos elementos fallan de manera permanente, el problema deja de ser operativo y pasa a ser un problema de dirección estratégica.

Después de seis años de gobierno, la pregunta ya no es qué hizo un policía. La verdadera pregunta es qué hizo el Ministerio de Interior y Policía para evitar que esa actuación ocurriera.

Durante estos años se han destinado cuantiosos recursos a programas, consultorías, asesorías internacionales, capacitaciones, reuniones, relanzamientos, alquileres de hotel y hasta un proyecto para modificar la ley orgánica.

Entonces surge una pregunta inevitable: si después de seis años, millones de pesos invertidos y múltiples programas la actuación policial no ha cambiado de manera sustancial, ¿por qué pretenden convencer al país de que todo cambiará simplemente modificando la Ley Orgánica de la Policía Nacional?

Una ley, por sí sola, no cambia la cultura institucional. No supervisa, n controla, no capacita, no evalúa, no dirige. Esas responsabilidades corresponden al órgano rector de la seguridad ciudadana, el Ministerio de Interior y Policía.

También corresponde preguntarse cuál es el fundamento técnico del modelo que hoy se propone. Si la reforma toma como referencia experiencias internacionales, el país merece conocer cuáles fueron los criterios de selección, qué resultados produjeron esos modelos en sus lugares de origen y por qué se considera que responderán a la realidad dominicana. Las reformas institucionales no pueden sustentarse en la simple importación de normas; de un asesor policial que su país enfrenta un deterioro en seguridad ciudadana, deben construirse sobre evidencia, evaluación y conocimiento del contexto nacional.

Otro elemento permanece ausente del debate: el Ministerio de Interior y Policía es que continua continúa operando sin una ley orgánica que defina con claridad sus competencias, su estructura y los mecanismos para evaluar su desempeño. Paradójicamente, se pretende reformar de manera permanente la institución ejecutora mientras el órgano responsable de conducir la política pública de seguridad sigue sin fortalecer el marco institucional que regula sus propias responsabilidades.

La falta de supervisión, la ausencia de evaluación, la improvisación estratégica y la inexistencia de indicadores públicos para medir el impacto de las políticas no son problemas independientes. Forman parte de una misma debilidad institucional: la falta de conducción estratégica.

Ninguna reforma legal, por sí sola, transformará la seguridad ciudadana si no está acompañada de una política pública coherente, sostenida y basada en evidencia. La seguridad no depende únicamente de cómo actúa un policía; depende, sobre todo, de cómo se dirige el sistema que orienta esa actuación.

La responsabilidad no se diluye. Quien ejecuta debe responder por sus actos, pero quien diseña la política pública, dirige la estrategia, supervisa su cumplimiento y administra la seguridad ciudadana también debe responder por sus resultados.

Y esa es la responsabilidad es del gobierno y del Ministerio de Interior y Policía que ya no puede seguir eludiendo y buscando otros culpables.