En la pasada semana, el Presidente de la República Dominicana dio el primer picazo para ser testigo del inicio de los trabajos para la construcción del primer complejo hotelero de edificios verticales en Punta Cana, ya que el nuevo hotel Moon Palace Resorts Punta Cana está diseñado para disponer de 4 mil habitaciones en dos torres de 18 pisos de altura que han de ocupar un espacio de sólo 12 hectáreas, pero que si se construyera de la forma horizontal tradicionalmente utilizada en Punta Cana se requerirían unas 48 hectáreas, lo que quiere decir que este estilo de construcción vertical requiere apenas el 25% del área que requieren los demás hoteles horizontales de la zona para la misma cantidad de habitaciones, lo que implica que su impacto horizontal será un 75% menor que los demás hoteles de la zona.
Sin embargo, no obstante las bondades de una construcción vertical que estará 500 metros alejada de la playa, no dejan de sorprendernos agrupaciones hoteleras, y hoteleros particulares, que objetan este nuevo proyecto usando el débil e insostenible argumento de que el modelo de baja altura, y pegado a la playa, ha sido exitoso en Punta Cana, como si el mundo fuese estático y que lo que ha sido exitoso ayer va a seguir siendo exitoso mañana y pasado mañana.
Pero lo que es peor es ver que los hoteleros de Punta Cana han tenido el arrojo de someter un recurso de amparo ante el Tribunal Superior Administrativo (TSA) solicitando que se anule la Resolución 002/2017 emitida legalmente por el ministerio de Turismo para establecer un correcto ordenamiento territorial en una zona donde los hoteleros no han querido respetar los recursos naturales, lo que indica que los hoteleros de Punta Cana no sólo se sienten dueños de las playas del este, que de acuerdo a la Constitución de la República son públicas, sino que ahora se sienten dueños de la zona y facultados para tomar las decisiones administrativas que competen a las autoridades nacionales, lo que quiere decir que los hoteleros de Punta Cana creen estar por encima de la ley y por encima de las autoridades.
Ningún ciudadano sensato entiende la ilógica decisión de los hoteleros de Punta Cana de elevar un recurso de amparo ante el TSA solicitando la revocación de autorización de un proyecto turístico de 18 pisos de altura, que traerá una inversión de 600 millones de dólares, y traerá 250 mil turistas al año, cuando la resolución No. 673-07, emitida en el año 2007, autoriza la construcción de torres de 20 pisos de altura, ni podemos entender cómo los hoteleros de Punta Cana quieren hoy objetar algo que fue aprobado en dos vistas públicas celebradas en el año 2012, las que fueron convocadas por el MITUR a través de la prensa, y a las cuales asistió todo el que estuvo interesado, y peor aún objetar hoy una decisión que en el año 2012 le fue comunicada por escrito a la Asociación de Hoteles del Este, quienes en ese entonces la aprobaron, lo que llevó al ministro de Turismo Francisco Javier García a preguntar, en su discurso central del acto de inicio del complejo hotelero Moon Palace Punta Cana, ¿fue que los hoteleros aprobaron la Resolución sin leerla?
Acaso los hoteleros de Punta Cana están en contra de que el turismo dominicano siga creciendo y alcance la meta que se ha propuesto el Gobierno y el ministerio de Turismo de llegar a 10 millones de turistas al año, por creer que esa meta daña sus negocios?, o acaso no quieren que la nueva construcción vertical demuestre que esa debió ser la forma correcta de iniciar el turismo de Punta Cana en el año 1970 para conservar los manglares, los humedales y las lagunas costeras que ellos han destruido sin pena alguna?, o acaso no quieren un proyecto que va a emplear a 4 mil personas que serán provistas de casas confortables en una urbanización formal, en lugar del feo hacinamiento habitacional del Hoyo de Friusa?, o acaso quieren desafiar a las autoridades nacionales para evidenciar quién tiene más poder en Punta Cana y quién realmente manda en Punta Cana?
Pero el ministro de Turismo fue muy claro en su discurso al expresar categóricamente que “nadie, en absoluto, está por encima de la ley, ni las autoridades, ni los empresarios, ni ningún grupo en particular”, aclaración que entendemos oportuna, porque es evidente que los hoteleros hoy se sienten por encima de la ley y eso es inaceptable, sobre todo porque el turismo horizontal que ellos hoy defienden ha destruido manglares, ha contaminado las aguas subterráneas con desechos fecales por no gastar dinero en plantas de tratamiento de aguas negras, y han dañado playas y arrecifes.
Es por ello que el Tribunal Superior Administrativo ha de rechazar este absurdo recurso que busca anular la Resolución 002/2017 del ministerio de Turismo, del mismo modo que rechazó el absurdo recurso interpuesto por empresarios navieros que pretendían anular la Resolución 13-2016 del ministerio de Ambiente que les ordenaba salir del río Ozama porque contaminaban las aguas con sus astilleros improvisados; y del mismo modo que rechazó el absurdo recurso de amparo interpuesto por empresarios agrícolas que pretendían anular la Resolución 14-2016 del ministerio de Ambiente que les ordenaba salir del parque Nacional de Valle Nuevo porque destruían los bosques de una área forestal e hidrológica protegida por la Ley Sectorial 202-04.
En nuestro país los empresarios que han sido económicamente exitosos gracias a la generosidad y a la flexibilidad del Estado deben entender que el interés nacional siempre ha de estar por encima del interés individual.
Por eso les vamos a dejar con esta pregunta del ministro Francisco Javier García: “¿Puede un Estado responsable, respetuoso de la leyes y del Estado de derecho, dejarse guiar por el capricho momentáneo de nadie?”
