Josefina Reynoso
Dra. Josefina Reynoso*
El concepto de «bien común» ha sido interpretado de diferentes maneras en la filosofía social, la política y el derecho. En esencia, se refiere a aquello que se considera bueno o beneficioso para todos los miembros de una sociedad o comunidad. Se ha entendido que ciertas normas abstractas o instituciones contribuyen al bien común al permitir que las personas disfruten plenamente de sus derechos, estén protegidas de agresiones físicas o morales, y faciliten sus esfuerzos por alcanzar la felicidad.
La visión colectivista del bien común plantea que este debe ser garantizado por la «sociedad», la «Nación» o el «Estado». Esta noción viene de Platón y sugiere una comunidad organizada en busca de la mayor felicidad para el mayor número, en contraposición a la felicidad individual de sus miembros. Karl Popper, en su obra «La sociedad abierta y sus enemigos», criticó cómo esta visión puede llevar rápidamente al autoritarismo y la dictadura. En fin el concepto de bien común ha ocupado un lugar relevante en la filosofía social, política y económica clásica, cayó en desuso en la modernidad, y ha vuelto a reaparecer, tímidamente, aunque con sentidos muy distintos y, a menudo, confusos.
En los últimos días, hemos escuchado que los organismos encargados de la seguridad del Estado han retomado los «intercambios de disparos» como estrategia en la «lucha contra el crimen». Incluso, el Ministro de Interior y Policía ha justificado estas acciones como necesarias para el «bien colectivo», alegando que están respondiendo de manera contundente a las acciones delictivas en la República Dominicana.
Esta práctica, es sumamente peligrosa, ya que en el pasado llevó a situaciones donde la población, inicialmente preocupada por la inseguridad, terminó cuestionando y protestando contra la violencia institucional. Es crucial recordar que cuando se cruzan los límites del derecho y se permite que las autoridades actúen como jueces y parte, se socavan los cimientos de la institucionalidad y se pervierte el sistema legal.
Las situaciones de desborde como estas, son precisamente las que justifican la protección de los derechos humanos a nivel internacional. En momentos complicados, se espera que agentes estatales capacitados hagan cumplir el Estado de Derecho. Cuando la «delincuencia» se utiliza como excusa para violar derechos desde el Estado, el ciudadano corre peligro.
Es importante destacar, que los Derechos Humanos no se oponen a la idea de que cada individuo debe asumir las consecuencias de sus actos delictivos, sin embargo, es fundamental garantizar el respeto por el debido proceso para evitar abusos de autoridad y excesos.
Desde el Centro de Estudios de Seguridad y Defensa (CESEDE) abogamos por el cumplimiento de las garantías necesarias para salvaguardar los derechos de todos los ciudadanos. La seguridad no debe basarse en el miedo a los abusos de poder, sino en la certeza de un sistema que protege a la población de cualquier exceso. Reiteramos que esencial que las instituciones encargadas de la Seguridad Ciudadana, diseñen y ejecuten políticas de prevención y control de los delitos, enmarcados en la gobernabilidad democrática, con un control ciudadano que evite desviaciones y abusos en el ejercicio del poder.
*Directora del Centro de Estudios de Seguridad y Defensa (CESEDE) de Funglode.
