Santo Domingo.- El presidente del Instituto Duartiano, Wilson Gómez Ramírez, calificó hoy como infame y falaz informe anual sobre el país del Departamento de Estado de los Estados Unidos, en el cual denuncia en el aspecto migratorio la supuesta expulsión masiva de haitianos y alegados apátridas de ascendencia de esa nación, con estatus legales en el territorio nacional.
En un encuentro con directivos, efectuado este miércoles en la sede de ese organismo patriótico, Gómez Ramírez dijo que “nueva vez ese informe vuelve a formular acusaciones infundadas contra nuestro país, y hace exigencias que los propios Estados Unidos se resisten a cumplir, porque ellos deportan a los haitianos a su país de origen, bajo métodos y prácticas muchas veces infrahumanas”.
El presidente del Instituto Duartiano apuntó que estas afirmaciones se apoyan en reportes interesados de activistas de un sector de la diáspora haitiana radicada aquí y de malos dominicanos que sirven a organismos internacionales y se abalanzan en contra de los intereses nacionales.
Consideró que es conducta indigna y reprochable que, en el caso de estos últimos, está sancionada en el artículo 76 del Código Penal que establece que toda persona que, desde el territorio de la República, se ponga de acuerdo con Estados extranjeros, sus agentes o con cualquiera institución para hostilizar, será castigada con la pena de treinta años de trabajos públicos.
Precisó que es inaceptable que una nación como la norteamericana, a la cual se le atribuye ser respetuosa de los principios que gobiernan las demás países, sea precisamente la que pretende desconocer el cardinal principio de no intervención en los asuntos internos de otro Estado, que, en el caso dominicano, está expresamente protegido por el artículo 3 de su Constitución Política, el cual expresa que los poderes públicos no pueden permitir actos que constituyan una intervención en los temas internos de la República Dominicana.
Gómez Ramírez dijo que “contrario a las pretensiones del Departamento de Estado y otras instancias, incluyendo organismos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y de la Organización de Estados Americanos (OEA), a la República Dominicana le asiste el absoluto derecho que poner en práctica acciones enérgicas para hacer valer su ordenamiento legal, es especial la aplicación de las leyes migratorias, las cuales constituyen una expresión vigorosa orientada a proteger su soberanía”.
Llamado a la Dirección de Migración
El presidente del Instituto Duartiano llamó a las autoridades migratorias a adoptar mayores acciones para evitar el sostenido ingreso masivo de nacionales haitianos hacia nuestro país, y que enfrente con determinación los grupos de desaprensivos que están burlando los controles militares y los puntos inter agenciales instalados en las carreteras, principalmente en la región Sur.
“Conductores de vehículos, tipo minibuses y motocicletas, operan en contubernio para transportar por territorio dominicano a personas que provienen del vecino país con la finalidad de establecerse de manera definitiva aquí”, denunció Gómez Ramírez.
Apuntó que “esta entidad patriótica entiende que la República Dominicana, en legítima defensa, está compelida a aplicar de manera rigurosa una política migratoria que garantice la deportación efectiva de todo ilegal o indocumentado que esté en el país, para procurar que los deportados se vean imposibilitados de reingresar a nuestro territorio, como suele ocurrir, con la misma condición que determinó su deportación”.
Señaló que las autoridades nacionales no pueden aceptar ningún tipo de imposición, injerencia, presión y hay que hacer más efectiva la política de repatriación; por tanto, hay que proveer mayores recursos a la Dirección General de Migración para que ese organismo pueda repatriar a su país un número de extranjeros ilegales e indocumentados que guarde proporción con la cantidad de estos que logran establecerse aquí de manera ilegal.
Recalcó que es necesario que se aplique el postulado 10 establecido en la Constitución que privilegia la Zona Fronteriza, el cual dice que “se declara de supremo y permanente interés nacional la seguridad, el desarrollo económico, social y turístico de la Zona Fronteriza, su integración vial, comunicacional y productiva, así como la difusión de los valores patrios y culturales del pueblo dominicano”.
Indicó que se requiere crear las condiciones para que los habitantes de la frontera puedan permanecer allí con las mejores condiciones de vida, de manera que sus familias puedan desarrollarse en un marco de bienestar y seguridad.
Asimismo, establecer un régimen de vida digno para los miembros de las Fuerzas Armadas que prestan sus servicios a la Patria desde la región fronteriza, para que junto a sus familias puedan alcanzar el deseable perfeccionamiento y desarrollo humano que entraña vivir bajo un régimen donde impere la dignidad.
