Víctor Terrero sostuvo que ha transcurrido tiempo suficiente para que la pieza sea conocida por los legisladores.
SANTO DOMINGO.-Varias instituciones públicas y sociales solicitaron la promulgación del Código Penal con las observaciones hechas por el presidente Danilo Medina, y expresaron que en la pieza están en juego los derechos de la mujer.
El Consejo Nacional para el VIH y el Sida (CONAVIHSIDA), Profamilia, la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) e INTEC consideraron que el tema ya ha sido debidamente conocido por todas las partes.
“La promulgación del Código Penal sin la penalización del aborto, tal como lo devolvió el Presidente Danilo Medina, es inaplazable”, expresó Víctor Terrero, director ejecutivo del Consejo Nacional para el VIH y el Sida (CONAVIHSIDA).
Añadió que “el presidente Danilo Medina ha traído un respiro a la situación de la mujer, al observar la penalización del aborto en las condiciones en que estén en riesgo la vida y la dignidad de la mujer”.
Recordó que al observar el proyecto de ley que modifica el Código Penal, el presidente Medina reafirmó el compromiso que tiene con la mujer dominicana.
Terrero sostuvo que ha transcurrido tiempo suficiente para que la pieza sea conocida por los legisladores con las observaciones del mandatario.
Magaly Caram, directora de Profamilia, consideró que la República Dominicana necesita un Código Penal que respete y reconozca los derechos de la mujer.
“La salud de la mujer –observó- es responsabilidad del Estado, y eso no puede estar sujeto a intereses particular de ningún tipo”.
Expresó que los representantes de esos intereses no pueden dar órdenes al Estado para que las cosas se hagan a su conveniencia.
“Profamilia quiere un Código Penal con las tres causales que el presidente Danilo Medina incorporó, un Código que beneficie al país y que no conculque los derechos de la mujer”, enfatizó.
Precisó que “en Profamilia hemos estado trabajando en la prevención del aborto inseguro. Nosotros no promovemos el aborto por el aborto, pero sí entendemos que es un derecho de la mujer, y el Estado debe proveer los medios para que una mujer que tenga en riesgo su vida o tenga un embarazo cuyo producto es inviable, pueda tener el derecho a interrumpirlo”.
Consideró que la alta prevalencia de embarazos en las jóvenes obedece a la pobreza y a la falta de oportunidades, y que un Código Penal mutilado por intereses particulares no facilita la lucha por mejorar las condiciones de la mujer.
