La principal traba que se identificó en la empolvada Estrategia Nacional de Desarrollo de la República Dominicana consiste en la debilidad institucional, que se traduce en una marcada desconfianza de los actores fundamentales en la mayoría de las instituciones.
Esto se traduce en un serio problema que obstaculiza sensiblemente la estructuración de los planes y políticas públicas que conduzcan a la construcción de una sociedad dominicana políticamente responsable, económicamente sostenible y moralmente incuestionable de cara al presente y el futuro de la nación.
La debilidad institucional ha llegado tan profunda que hasta jueces de tribunales de justicia ciñen sus actuaciones pensando en qué dirán en la Embajada de los Estados Unidos, por temor a que les retiren la visa; alguien poderoso en la esfera del poder político o, incluso, las redes sociales en este mundo digital. Indudablemente que se trata de un panorama que genera vergüenza.
La reflexión se me ocurre luego de conocerse la decisión, en una votación dividida 3-2, del pleno de la Junta Central Electoral (JCE) en la que optó dar marcha atrás, de manera provisional, de los efectos de la aplicación del artículo 13 del Reglamento aprobado por ese órgano que establece el procedimiento para el registro de las firmas o empresas encuestadoras y la publicación de encuestas en materia electoral y que, particularmente, prohíbe que las encuestas y sondeos sean publicados antes del domingo cuatro de julio del 2027, que es cuando inicia la precampaña electoral. Esta suspensión se mantendrá hasta tanto el Tribunal Constitucional emita una sentencia sobre el tema; a pesar de que aún no ha sido apoderada de ningún recurso al respecto.
El organismo argumenta que todavía no existe una resolución legal definitiva sobre el particular. Alega, además, que se trata de un “ejercicio prudencial de responsabilidad institucional, respeto al Estado de derecho y ponderación de los bienes jurídicos involucrados, atendiendo a la entidad e intensidad de los derechos de acceso a la información y libertad de expresión”.
Veamos un poco de contexto. La medida del pleno de la JCE se produce luego de críticas de instituciones de la talla de la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS), de hacedores de opinión nacionales y de que la entidad Justicia Sin Fronteras interpusiera un recurso ante el Tribunal Constitucional en el que solicitó la suspensión inmediata la aplicación de la referida disposición mientras conoce el fondo del proceso.
Ahora quedan las dudas de si, esta vez, respondió a presiones de esferas de poder, desconociendo su rol de órgano constitucional autónomo que posee personalidad jurídica propia e independencia técnica, administrativa, presupuestaria y financiera. Esto obliga nuevamente a pensar en la espada de Damocles, expresada en la debilidad institucional, que pende sobre el futuro dominicano.
Los miembros del pleno de la JCE pudieron bien esperar a que se pronunciara el Tribunal Constitucional, órgano facultado para decidir en ese tipo de casos y no adelantarse a fijar una posición que arroje sospechas en torno a decisiones puntuales en el futuro de cara a las elecciones del año 2028.
En lo particular, no tengo dudas de que en República Dominicana hay firmas encuestadoras, no todas, que se prestan a la manipulación de datos con la finalidad de favorecer o perjudicar a determinados gobiernos, partidos políticos o candidatos. Y en ese punto, algo habrá de hacerse, sin afectar el acceso a la información y el derecho y expresión del pensamiento.
Los miembros de la JCE deben ser conscientes que, si de presiones se trata, las que les sobrevienen no serán pocas.
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