Participación Ciudadana se ha ganado respeto de una parte importante de esta sociedad por su prédica a favor de la institucionalidad, el respeto a la Constitución y el fortalecimiento de las instituciones democráticas.
Este periódico siente un profundo respeto por Participación Ciudadana.
Precisamente por ese historial, resulta desconcertante que, ante la elección de la presidencia de la Suprema Corte de Justicia, asuma una posición que parece convertir una preferencia sobre el origen profesional de quien debe ocuparla en una condición indispensable para preservar la institucionalidad.
La Constitución dominicana en su artículo 180 establece que las tres cuartas partes de los integrantes de la Suprema Corte deben proceder de la carrera judicial, mientras que la cuarta parte restante corresponde a profesionales del derecho, académicos o miembros del Ministerio Público.
Esa disposición una decisión constitucional que reconoce el valor de combinar la experiencia de la judicatura con los conocimientos y las perspectivas de profesionales provenientes de otros ámbitos jurídicos. Tampoco condiciona al origen la condición de presidente de la Suprema.
El Consejo Nacional de la Magistratura tiene muy buenas opciones entre jueces de carrera para elegir a un presidente de ese alto tribunal, pero también las tiene entre los profesionales que han hecho carrera de forma honorable en el ejercicio del derecho.
Por tanto, presentar la eventual designación de un jurista de procedencia externa como una amenaza a la institucionalidad supone introducir una restricción que la Constitución no establece.
Tampoco debe presentarse como algo censurable que representantes de distintas fuerzas políticas se pongan de acuerdo en una determinada valoración, especialmente cuando posiciones semejantes son expresadas por sectores religiosos, profesionales, empresariales e incluso integrantes de la propia judicatura, que son legítimos representantes de la sociedad civil orgánica dominicana.
Esperamos que el Consejo Nacional de la Magistratura escoja como presidente de la Suprema Corte de Justicia a un profesional del derecho honorable y capaz, que ofrezca garantía de una buena gerencia del Poder Judicial.
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