SANTO DOOMINGO.- La sabiendas de que más del 50 por ciento de las construcciones del país son informales, la inspección por parte de las autoridades competentes brilla por su ausencia debido a la falta de capacidad técnica, operativa y económica de los cabildos, y de coordinación interinstitucional con las entidades ligadas al tema.
Ante esa debilidad, la población está expuesta a eventualidades como las del Jet Set y en especial frente a posibles eventos sísmicos de magnitud, lo que preocupa a la gente.
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Hasta el momento, entidades como los Ayuntamientos a nivel nacional están limitadas a emitir los permisos de no objeciones de uso de suelo, velar por el lindero, además de verificar sí el uso propuesto es compatible con la normativa urbana vigente.
Sin embargo, no existe inspección posterior, salvo excepciones estipulas, a través de los Cuerpos de Bomberos como la inspección de escaleras eléctricas o salidas de emergencias de grandes centros comerciales, y tampoco se cumple con rigor.
El Ministerio de la Vivienda, Hábitat y Edificaciones, se creó como órgano de planificación, dirección, coordinación y ejecución de la función administrativa del Estado para establecer las políticas, programas, y diseño de estrategias e instrumentos en materia de construcción de vivienda, hábitat, asentamientos humanos, construcción y reconstrucción de edificaciones del Estado y los equipamientos y obras conexas, según describe en portal.
Igual fomenta las asociaciones público-privadas o derivadas del fideicomiso en materia de vivienda en el territorio nacional, además de asumir parte de las tareas antes a cargo de Obras Públicas.
Esta última entidad quedó a cargo de las infraestructuras viales, como carreteras y puentes.
Ángel Sosa y Narciso Guzmán, ex directores de Planeamiento Urbano de los Ayuntamientos Santo Este y del Distrito Nacional, coincidieron en que más de mitad de las construcciones del país son hechas por particulares sin los debidos permisos ni seguido por profesionales.
“Los ayuntamientos del país no son descentralizados que tienen todas las competencias de obras públicas ni manejan toda la potestad de las edificaciones, solo otorgan uso de suelo; cuando sale va al Mived que aprueba la parte estructural, eléctrica, etc”, explicó Sosa.
Afirma que la mayoría de los cabildos no tienen Dirección de Planeamiento Urbano en los municipios, como también ocurre con el Mived, y a eso se suma la falta de inspección periódica, que a su entender debe ser por un mínimo de cinco años.
Inspección
En el caso de los bomberos, dijo se estila que deben supervisar anual los ascensores y conexiones eléctricas en edificios públicos y grandes plazas que aglutinan gran cantidad de personas y por consiguiente certificar con una chapa visible esa inspección, según Sosa, ex director del Instituto de Urbanismo de la UASD.
De acuerdo con Narcizo Guzmán la Constitución establece como rol fundamental a los Ayuntamiento el otorgamiento del uso de suelo del territorio, mientras que la Ley 62 32 de 1963 establece un procedimiento para la planificación urbana y las funciones de las oficinas de Planeamiento Urbano en los Ayuntamientos del Distrito Nacional.
“Estas funciones están básicamente fundamentadas en los planes y proyectos de carácter normativo, más no en la supervisión porque a lo largo del tiempo los ayuntamiento no han tenido capacidad técnica ni operativa para proceder a ejecutar la supervisión de los proyectos, porque los territorios son muy grandes y tienen limitación económica muy fuerte”, detalló Guzmán.
Falta protocolo
A través del tiempo no ha habido un protocolo establecido para darle seguimiento a las obras registradas; como también los bomberos que deberían supervisar las obras que albergan muchas cantidad de personas”, comentó Narcizo.
Abogó por una unidad conjunta entre los ayuntamientos, Obras Públicas, Mived y los Cuerpos de Bomberos para que inspeccionen de forma permanente las construcciones del país, debido a que la mayoría de las obras son ilegales.
Inspección pública
En el 2001 se creó la Oficina Nacional de Evaluación Sísmica y Vulnerabilidad de Infraestructura y Edificaciones (ONESVIE) con el fin de evaluar la capacidad de resistencia sísmica de las edificaciones en la República Dominicana, la cual se limita a inspeccionar entidades públicas, y con esa particularidad.
A raíz del desplome de la losa del desnivel de la 27 de Febrero en el 2023 que cobró la vida de varias personas se creó la Comisión de Supervisión de Infraestructuras Públicas ante el Cambio Climático, presidida por el geólogo Osiris de León, para evaluar las vulnerabilidades de obras públicas en el país además identificar y prevenir riesgos de deterioro por efectos del clima.
Ahora se retoma el tema con la idea de que la inspección sea extensiva a las construcciones privadas. Empero, el geólogo Osiris de Leones adelantó que hay primero que completar el Reglamento.
“Todavía no está definido, al menos que yo sepa. Nuestra Comisión ha estado trabajando con más de 200 puentes; las edificaciones tendrán un tratamiento diferente, pero en término de las viviendas y construcciones dedicadas a comercios, no es nuestra área, trabajamos con infraestructuras, como son los puentes, elevados, pasos a desnivel, carreteras, taludes etc.”, detalló De León.
Eso significa que es una materia pendiente la inspección a nivel de viviendas e infraestructuras de menores como los colegios y otros centros que aunque aparentan ser pequeñas, no dejan de albergar grandes grupo de personas. Un ejemplo simple: La mayoría de aulas de cualquier centro educativo privado acoge no menos de 20 y 25 estudiantes.
“Nosotros vivimos en un país donde la providencia nos cuida”
Ángel Sosa, ex director del Instituto de Urbanismo de la UASD
En el Gran Santo Domingo promotor de grandes proyectos se preocupan por contar con los permisos correspondientes, y una vez levantados, no hay inspección. A nivel nacional abundan muchas construcciones ilegales.
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