En el año 1610, Galileo Galilei publicó sus comprobaciones de que las teorías heliocéntricas de Aristarco de Samos y de Nicolás Copérnico eran válidas, y que la Tierra no era el centro del universo, sino el Sol, pero los científicos de la Iglesia Católica calificaron sus textos como heréticos, razón por la cual en 1633 la Santa Inquisición del Santo Oficio lo excomulgó y lo condenó a prisión perpetua; y no lo incineró en la Santa Hoguera por su Santa Amistad con el Santo Papa quien pidió salvaguardarle la vida.

En 1979 y en 1981 el Papa Juan Pablo II ordenó abrir una investigación de la vieja controversia científica con Galileo, y en 1992, al concluir las investigaciones, los Santos Comisionados por la Santa Iglesia reafirmaron que la tesis de Galileo carecía de argumentos científicos para demostrar que el Sol es el centro del universo, y que en 1633 la Iglesia, como institución, había actuado correctamente porque Galileo tenía la obligación de prestar obediencia al Catecismo Católico, justificando de nuevo la Santa Condena a Galileo, con lo cual una parte de la Iglesia seguía fiel a la vieja inquisición.

No obstante ese moderno y absurdo informe inquisidor, el 31 de octubre de 1992 el Papa Juan Pablo II, al pronunciar un discurso ante la Academia Pontificia de Ciencias, pidió perdón por los errores históricos cometidos por los hombres de ciencias de la iglesia católica, pues cuando las ciencias son sustituidas por el fanatismo y por la pasión, se pierde la razón y se impone la inquisición.

En el caso de la controversia por la debatida explotación minera en la loma de Miranda, se abre un nuevo proceso de moderna inquisición ambiental, y en el nuevo tribunal del Santo Oficio Ambiental Dominicano se sientan en la primera fila algunos profesionales rezagados, fanáticos anarquistas, frustrados que nunca han triunfado, legisladores oportunistas que en el 2009 votaron a favor del contrato estafa de la Barrick Gold, sacerdotes jesuitas del Santo Oficio Popular Ambiental (SOPA), algunos que son ambientalistas por sueldos de alguna institución pero no por convicción; defensores de la cementera de Los Haitises, promotores de la carretera San Juan-Santiago, extranjeros disfrazados de ambientalistas pero condenados por la justicia dominicana por ser difamadores, formando así un conglomerado deformado y contaminado.

Esos inquisidores ambientales, los mismos que siempre han pedido respeto a sus ideas y a sus opiniones, los mismos que siempre han pedido democracia, pluralismo ideológico y libertad de expresión; ahora, al carecer de sólidos argumentos geocientíficos para debatir, y al no poder refutar a la Ley Minera 146, recurren al chantaje para intentar intimidar a quienes hemos demostrado sus ilegales deformaciones ambientales, cayendo en las mismas ridiculeces de siempre, donde quienes no tienen capacidad académica para refutar válidos conceptos geocientíficos, responden con ocultas acusaciones baratas de que los criterios contrarios están vendidos, sabiendo bien que ellos no pueden subirse frente a los otros a pesarse en la balanza de la honestidad, de la ciencia y de la verdad.

Los inquisidores de hoy, al igual que los sacerdotes inquisidores medievales, intentan ganar sus luchas ambientales acusando de herejes pagados a quienes administramos mucho dinero de la administración pública y demostramos ser más honestos que ellos, a quienes hemos estudiado la minería y las aguas mucho más que ellos, a quienes hemos defendido el medio ambiente mucho más que ellos (y sin nunca cobrar sueldos), y a quienes hemos enfrentado a gobiernos y a empresas mineras mucho más que ellos.

El pueblo sabe muy bien quienes son expertos en minería y medio ambiente, y quienes no saben nada de eso; sabe bien quienes participan en luchas sociales y ambientales para defender al país (como el caso del contrato Barrick), y quienes lo hacen para conseguir tres pesos; sabe muy bien quienes opinan en base al conocimiento científico y en base a las leyes vigentes, y quienes buscan protagonismo popular, sin saber nada del particular.

Pero así son los farsantes, los anarquistas y los inquisidores, los que entienden que la explotación del níquel es muy buena para la economía de Cuba, por ser país socialista, pero que esa minería del níquel es mala en la Rep. Dominicana, por no ser país socialista.

Ellos nunca se atreverían a ir a Cuba, ni a Bolivia, a protestar contra las explotaciones mineras, pero se aprovechan de un gobierno que, por ser demócrata y conservador, les permite deformar la verdad frente a la sociedad, sin atreverse a desmontarle el falso concepto de que en Miranda hay 32 caudalosos ríos que aportan toda el agua consumida por Bonao y La Vega, y que irrigan todo el arroz de Jima y Macorís. Si Joaquín Balaguer se hubiese llevado de algunos opositores a todo, nunca habría construido las presas que hoy aportan el agua de los acueductos y de los canales de riego del país; incluyendo la presa de Rincón que hoy la utilizan como argumento en el caso Miranda. Y es Paradójico.

Los anti mineros locales tratan de construir el mito de que la minería es la mayor depredadora ambiental, cuando en realidad la minería es responsable del 2% de la contaminación, pero esos anti mineros son hipócritas que disfrutan de las comodidades modernas que les aporta la minería, como petróleo, energía, vehículos, viviendas, acueductos, etc; y luego critican la minería y no critican la deforestación en La Vega, ni la contaminación cloacal urbana del río Camú en La Vega. Si cerráramos la minería en todo el mundo, todos los países quedarían paralizados, incluyendo el transporte de alimentos, transporte público, servicios en hospitales, etc., y ellos suplicarían reabrir la minería.

No tenemos nada que defenderle a Falcondo XstrataNíckel, por ser una empresa negligente que descuidó el ambiente con amplias áreas deforestadas; empresa que al cambiar de dueños abandonó los planes sociales y las ayudas políticas y comunitarias, siendo esa la principal razón por la cual le hicieron oposición a la apertura de sus nuevos frentes mineros en Miranda. Pero esos son sus problemas y la Ley Minera es otra cosa.

Tampoco debemos defender a gobiernos diferentes que han sido indiferentes ante las contaminaciones mineras, y cuyos asesores mineros siempre han callado para no recibir críticas, esperando que seamos nosotros los pararrayos del sector minero, pero como la prensa siempre busca veracidad, conocimientos y objetividad, debemos decir la verdad por encima de las críticas perniciosas de los farsantes, de los inquisidores y de los oportunistas que andan buscando popularidad, aún en detrimento de la verdad.

Hemos dicho, y lo reiteramos, que declarar a la loma de Miranda como Área Protegida viola la Ley Minera 146, y viola el Estado de Derecho, pues es ilegal imponer un derecho ambiental nuevo sobre un derecho minero viejo de la concesión de explotación minera Quisqueya I, de la cual Miranda forma parte, concesión otorgada en el año 1955 y que es legalmente válida hasta el 2030, del mismo modo que cuando objetamos la cementera de Los Haitises dijimos al Tribunal Superior Administrativo que era ilegal imponer un derecho minero nuevo sobre un derecho ambiental viejo, y el Tribunal falló a nuestro favor.

Quien no respete una ley vigente se convierte en un violador de la ley, y los inquisidores de Miranda se han convertido en violadores confesos de la Ley Minera 146, y mañana no podrán reclamar el respeto a ninguna otra ley que sea conveniente a ellos. Que lo sepan.