
Hay un aspecto poco comentado de las consecuencias del caos del tránsito, la quiebra de las EDE o el fracaso del Ministerio Público para lograr condenas ejemplares en casos de corrupción o negligencia como la tragedia de Jet Set.
Se trata del fomento de inmoralidades que a fuerza de comunes, en vez de ser aborrecidas por la mayoría del pueblo, pasan a ser parte casi inextricable de la cultura.
Recibir luz sin pagarla es tan común que pocos lo ven como lo que es: el hurto de un servicio público.
Pero, ¿cómo si no enganchándose irregularmente logran conectarse cientos de miles de hogares para los cuales las EDE carecen de contadores o voluntad para cobrar? Hasta personas conscientes que desean ser buenos ciudadanos se ven obligadas a convertirse en ladrones involuntarios de luz o sino vivir a oscuras.
Conducir en la vía pública cumpliendo todas las leyes y normas civilizadas no representa ninguna ventaja comparativa ante la olímpica flagrancia de los motociclistas, conchos, guaguas y camiones que destruyen impunemente el orden público (no sólo por como manejan).
Y lo de la Justicia da grima, sin necesidad de citar detalles. ¿Cómo puede pues considerarse empresario o ciudadano ejemplar a cualquier funcionario que contemporice o auspicie políticas públicas que dinamitan el tejido social normalizando inmoralidades que son también ilegales? La principal muestra de carácter de cualquier ciudadano, digno de ser tenido como honesto y responsable, es saber cuándo decir que no a los políticos a quienes les aceptan cargos públicos.
Ningún “empresario exitoso” o “ciudadano ejemplar” puede serlo fomentando inmoralidades e ilegalidades; menos si es funcionario público sin criterio ni prigilio.