En la República Dominicana viven cientos de miles de haitianos indocumentados que han cruzado a este lado de la isla huyendo de la angustiante situación política y económica de su país.
Eso no los convierte en criminales, sino en víctimas de la pobreza de su país natal y de la incapacidad de República Dominicana para proteger su frontera y establecer una política migratoria conforme a sus intereses.
Un inmigrante, legal o ilegal, suele abandonar su país y su familia en busca de mejoría económica o de simple sobrevivencia material. Otros lo hacen por convulsiones políticas o sociales que podrían poner en peligro su existencia.
Cada país está obligado a establecer sus propias políticas migratorias, pues no está obligado a ser un receptor de los flujos migratorios originados por las deficiencias de otros países, especialmente cuando puede afectar la estabilidad económica o social interna.
Eso es comprensible, incluso es lo apropiado.
Pero de ahí a calificar como criminal a quien sale de su país huyendo de la pobreza o tratando de sobrevivir hay un largo trecho.
Una nueva legislación en el estado de Arizona, Estados Unidos, convierte en delincuentes (como a un asaltante, asesino, narcotraficante, proxeneta, ladrón) a los indocumentados. Esa decisión afectará fundamentalmente a cientos de miles de inmigrantes ilegales de origen mexicano, pero podría convertirse en un mal ejemplo que se podría expandir por todo el mundo.
Así como defendemos el derecho que tiene la República Dominicana para establecer sus políticas migratorias, creemos que otras naciones también lo tienen (aunque a veces pareciera que ellos regatean ese derecho al Estado dominicano).
Sin embargo, se llega a lo irracional que se eleve a la categoría de criminales a los inmigrantes ilegales.
