Los inmigrantes que buscan una vía legal para vivir y trabajar en Estados Unidos ahora estarán sujetos a un filtro de “antiestadounidenses”, informaron las autoridades el martes, una medida que ha planteado preocupaciones entre los críticos de que le otorga demasiada libertad a los agentes para rechazar a extranjeros basándose en un juicio subjetivo.
Los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés) dio a conocer que los agentes ahora deberán tomar en cuenta si un solicitante de beneficios como una tarjeta de residencia “apoyó, promovió, respaldó o de alguna otra manera defendió” puntos de vista antiestadounidenses, terroristas o antisemitas.
“Los beneficios de Estados Unidos no deberían otorgarse a aquellos que desprecian al país y promueven ideologías antiestadounidenses”, declaró Matthew Tragesser, portavoz de la agencia.
“Los beneficios de inmigración —como vivir y trabajar en Estados Unidos— siguen siendo un privilegio, no un derecho”.
La agencia no especificó lo que constituye ser antiestadounidense y de momento se desconoce cómo y cuándo se aplicaría la directriz.
“El mensaje es que Estados Unidos y las agencias de inmigración van a ser menos tolerantes con los antiestadounidenses o el antisemitismo al momento de tomar decisiones de inmigración”, explicó Elizabeth Jacobs, directora de asuntos regulatorios y políticas en Center for Immigration Studies, un grupo a favor de las restricciones migratorias.
Jacobs comentó que el gobierno está siendo más explícito en el tipo de comportamientos y prácticas que los agentes deben tomar en cuenta, pero enfatizó que todo sigue siendo a criterio del agente.
“La agencia no puede decirles a los agentes que deben negar, únicamente tomar en cuenta esto como un criterio negativo”, puntualizó.
A los críticos les preocupa que la actualización de la política permita una visión más subjetiva de lo que se considera ser antiestadounidense y permita que el sesgo personal de un agente nuble su juicio.
“Para mí, la gran historia es que están abriendo la puerta a estereotipos, prejuicios y sesgos implícitos para que tomen el control en estas decisiones. Eso es realmente preocupante”, señaló Jane Lilly Lopez, profesora asociada de sociología en la Universidad Brigham Young.
Se trata del más reciente en una serie de cambios implementados desde el inicio del segundo mandato del presidente Donald Trump, incluida la revisión de páginas de redes sociales, y la evaluación de los solicitantes que buscan la naturalización por “buen carácter moral”. Esto no sólo tomará en cuenta “no sólo la ausencia de comportamientos indebidos”, sino también los atributos positivos y contribuciones del solicitante.
“Significa que vas a tener que hacer mucho más para proporcionar evidencia de que cumples con nuestros estándares”, indicó Lopez.
Los expertos discrepan sobre la constitucionalidad de la política, la cual involucra a personas que no son ciudadanos estadounidenses y su libertad de expresión. Jacobs afirmó que los derechos de la Primera Enmienda no se extienden a personas fuera de Estados Unidos o que no son ciudadanos estadounidenses.
Ruby Robinson, abogado senior del Michigan Immigrant Rights Center, cree que la Carta de Derechos y la Constitución de Estados Unidos protegen de la intromisión del gobierno a todas las personas en el país, independientemente de su estatus migratorio.
“Muchas de las actividades de este gobierno infringen los derechos constitucionales y necesitan resolverse, en última instancia, en los tribunales”, destacó Robinson.
Los abogados recomiendan a sus clientes que ajusten sus expectativas.
“La gente necesita entender que hoy tenemos un sistema diferente y muchas más cosas que se aplican a los ciudadanos estadounidenses no se van a aplicar a alguien que está tratando de entrar a Estados Unidos”, dijo Jaime Diez, abogado de inmigración con sede en Brownsville, Texas.
Jonathan Grode, socio gerente del bufete de abogados de inmigración Green and Spiegel, afirmó que la actualización de la política no fue inesperada, tomando en cuenta el manejo de temas de inmigración por parte del gobierno federal.
“Esto es lo que se eligió. Tienen permitido interpretar las reglas como quieran”, subrayó. “Para ellos, la política siempre ha sido la de reducir la zona de strike. La ley sigue siendo la misma”.
