El tema de la inmigración ilegal ha vuelto a las primeras páginas de la prensa con la iniciativa por parte del estado de Arizona, de los Estados Unidos de Norteamérica, de legislar en favor de la persecución de inmigrantes ilegales en dicho estado.
Unos de los acápites de la nueva ley establece el derecho policial de detener a cualquier sospechoso por ser ilegal, sin otra causa justificada que la mera sospecha, y si esto fuese comprobado, proceder a su deportación inmediata.
La iniciativa legislativa de Arizona está siendo contemplada por otros estados de los EE. UU., incluyendo La Florida, santuario para muchos de los refugiados políticos y económicos que emigran de la América hispanoparlante. Senadores de la talla de Lindsey Graham proponen que se considere una enmienda constitucional en ese país que elimine el que cualquier criatura nacida en el territorio de los Estados Unidos sea automáticamente considerado ciudadano, algo muy parecido con lo existente en la República Dominicana.
Por otro lado, en los actuales momentos, el Fondo Monetario Internacional está finalizando en el país la revisión correspondiente al trimestre abril -junio, 2010. Hasta ahora, las informaciones publicadas señalan un comportamiento de la economía acorde con las expectativas pactadas, a pesar del creciente déficit fiscal y el desempeño del sector eléctrico.
Lo que no menciona ningún comunicado de prensa, declaración o noticia sobre la vigilancia del FMI del comportamiento económico dominicano, es la incidencia en el presupuesto nacional y en la calidad de los servicios de la inmigración ilegal en el país. Sobre todo el creciente y cada vez más evidente peso que representa dicha inmigración, aún en las postrimerías de la catástrofe de enero pasado, en el desempeño social del país.
¿Cuándo decidiremos implementar medidas que contribuyan a revertir la inmigración ilegal, en vez de incentivarla, con o sin FMI?
